El Gobierno de Guatemala dio marcha atrás hoy en su decisión de declarar como "secretos" todos los archivos y documentos de la Presidencia y de su Secretaría Privada, cuya medida cobraría vigencia a partir de este sábado.
Junto al presidente Álvaro Colom "decidimos que vamos a dejar sin efecto esa resolución", dijo el vicepresidente Rafael Espada a la edición electrónica del diario Prensa Libre.
Espada aseguró que los responsables de esa decisión, la cual estaba contenida en un acuerdo gubernativo que fue publicado el viernes por el diario oficial de Guatemala, fueron el secretario General de la Presidencia, Carlos Larios; y el secretario Privado, Gustavo Alejos.
"No sé por qué se hicieron bolas, si leen la ley está muy claro, no se por qué hicieron eso", subrayó el vicepresidente.
El acuerdo, que cobraba vigencia a partir de hoy, había sido calificado por opositores como "una aberración", y según expertos el mismo era "inaplicable" por contradecir lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual asegura la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
El acuerdo contemplaba la "clasificación" por un plazo de cinco años de toda la documentación, archivos, correspondencia y demás comunicaciones relacionadas con la Presidencia y la Secretaría Privada.
La norma establecía como "información reservada", y por lo tanto "secreta", todas las "solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones u otras gestiones" dirigidas al Presidente, la Secretaría y Subsecretaría Privada de la Presidencia, así como la Dirección Ejecutiva de esta.
Así como "toda la información" que se generara entre la Presidencia y "todos" los Ministerios, dependencias y entidades del Gobierno, así como con el cuerpo diplomático, empresas, particulares, organismos internacionales y cualquier otra institución.
La diputada Rosa María de Frade, presidenta de la sala legislativa de Transparencia, dijo a medios locales que el acuerdo presidencial "es una aberración que confirma lo que hasta ahora hemos visto: que no existe una actitud de transparentar la gestión pública".
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que fue aprobada el pasado 23 de septiembre por el Parlamento de Guatemala, y que cobró vigencia siete meses después, establece que la única información que el Gobierno puede calificar de "reservada" es la relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, quien según la ley es el encargado de vigilar su cumplimiento, dijo que la decisión Presidencial no podía ser acatada porque "sus restricciones no entran en las reservas que la ley establece".
Además, aclaró que el acuerdo gubernativo que contiene la disposición "no puede anular lo que una ley ya reglamentada" establece.
