Guatemala pidió hoy a la comunidad internacional apoyo para combatir la crisis alimentaria que afecta a miles de familias pobres del país, originada por una prolongada sequía que ha provocado la pérdida de sus cosechas.
La asesora de la Presidencia guatemalteca en materia de seguridad alimentaria, Ana de Méndez, dijo hoy a corresponsales de prensa internacional que el Gobierno requiere del apoyo financiero de emergencia de unos 400 millones de quetzales (cerca 50 millones de dólares), para paliar la situación.
Esa suma, precisó, se necesita esa ayuda para dotar de alimentos básicos en lo que resta de este año a unas 300.000 familias pobres de ocho departamentos del país, que se encuentran vulnerables por la crisis alimentaria.
Según la funcionaria, desde agosto pasado, cuando se inició la crisis alimentaria en el denominado "corredor seco", el Gobierno ha invertido cerca de 60 millones de quetzales (unos 7,5 millones de dólares) en la distribución de alimentos básicos de emergencia a las 54.564 familias más necesitadas.
Los habitantes de esa zona, integrada por los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz, han perdido sus cosechas de maíz y fríjoles, granos en los que basan su dieta alimenticia, debido a una prolongada sequía.
"Se hizo ya la primera entrega de una bolsa de alimentos básicos a cada una de las familias del 'corredor seco', con lo cual esperamos que se reduzca la emergencia en esos lugares", y la segunda bolsa se empezará a distribuir a partir del 7 de septiembre, dijo De Méndez.
Explicó que la disminución en la recaudación fiscal, como efecto de la crisis financiera internacional, obligó al Gobierno a reducir su presupuesto de este año en unos 7.000 millones de quetzales (unos 875 millones de dólares).
"Esa situación nos impide cubrir esas necesidades, porque no contamos con recursos. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos necesarios para detener la crisis y evitar que más niños caigan en desnutrición", señaló la asesora.
El ministro guatemalteco de Agricultura, Mario Aldana, indicó que "ha habido una respuesta inmediata" de parte de la comunidad internacional, luego de que el presidente Álvaro Colom les informará a sus representantes sobre la situación.
Según Aldana, hoy firmó un convenio de cooperación por seis millones de euros (unos 8,5 millones de dólares) con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para beneficiar a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, en donde se concentra gran parte de las familias más afectadas por la crisis.
Además, detalló a los periodistas extranjeros que se está por definir en los próximos días ayudas de emergencia de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos y la Unión Europea.
Según el funcionario, los representantes de la cooperación internacional aceptaron la propuesta del Gobierno de integrar una mesa de trabajo, en la que se definirán proyectos concretos para financiar una estrategia a largo plazo cuyo objetivo es evitar situaciones similares.
El Gobierno ha reconocido que en lo que va de este año han muerto como consecuencia de la desnutrición crónica provocada por el hambre unos 20 niños en la zona de este "corredor seco".
El subsecretario de Seguridad Alimentaria de la Presidencia, Edmundo Álvarez, reconoció que la cifra de fallecidos "puede ser mayor" debido a que el sistema de Salud Pública del país no cuenta con mecanismos adecuados para reportar las causas reales de las muertes.
"Los informes de Salud señalan como causas de muerte diarreas, problemas cardíacos o neumonías, pero no precisan que esos males fueron causados por problemas de desnutrición crónica", explicó.
Los estudios más recientes realizados por las autoridades señalan que la tasa de desnutrición crónica infantil en las zonas afectadas por la crisis alimentaria es del 1,7 por ciento.
"Esa cifra es preocupante, pero está por debajo de la tasa del diez por ciento que la Organización Mundial de la Salud establece para determinar la existencia de hambruna", anotó la asesora Ana de Méndez.
La pobreza, que afecta al 52% de los 13,3 millones de guatemaltecos, las sequías o inundaciones que provocan la pérdida de las cosechas y la reducción en los ingresos fiscales, que debilita las posibilidades de inversión social, son las principales razones a las que las autoridades atribuyen este problema.
