Dos de los 32 presos mapuches que llevan más de 50 días en huelga de hambre en cárceles del sur de Chile fueron hospitalizados hoy en la ciudad de Concepción tras presentar descompensaciones de salud, informaron fuentes médicas y los familiares de los reclusos.
Los presos, identificados como Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, fueron devueltos a la cárcel El Manzano, de Concepción, después de ser estabilizados, precisaron las fuentes.
Llaitul, procesado por su presunta responsabilidad en un atentado contra un fiscal en 2008, presenta una pérdida de peso de 20 kilogramos, dijo a los periodistas el jefe de turno del Hospital Regional de Concepción, Luis Gatica.
El comunero se negó a recibir medicamentos y a someterse a exámenes, por lo que tras ser estabilizado fue enviado de vuelta a la cárcel.
"La cantidad de oxígeno que tiene en la sangre estaba dentro de rangos normales. Se le controlaron los signos vitales: el paciente está hidratado, buen estado general, fue evaluado y devuelto al penal", explicó el galeno.
"Estamos resistiendo con dignidad", dijo por su parte Llaitul en los momentos en que era sacado del hospital para volver a la cárcel, en medio de rigurosas medidas de seguridad.
En tanto, Llanquileo se desmayó durante el trayecto de regreso a la cárcel, después de ser llevado a declarar ante un fiscal militar.
En el hospital, el comunero fue sometido a un escáner y estabilizado para después ser devuelto a la prisión.
Los mapuches, que se consideran presos políticos y que iniciaron la huelga de hambre el pasado 12 de julio en algunos casos, reclaman contra la aplicación en sus casos de la legislación antiterrorista y también por ser sometidos a un doble juicio, ante la justicia militar y la justicia civil.
En los últimos días, el Gobierno ha anunciado su intención de enviar al parlamento reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar, mientras la Iglesia católica se ha ofrecido a mediar y ha propuesto instalar una mesa de diálogo para superar la coyuntura.
Según los mapuches, que están presos por hechos ocurridos en el marco de las reclamaciones por parte de algunas comunidades de tierras que consideran ancestrales, la aplicación de esas normas les limita el derecho a la defensa y a un justo proceso y supone penas más duras.
De hecho, el senador izquierdista Alejandro Navarro, que se ha preocupado de la situación, recordó hoy que Héctor Llaitul y otros implicados en el ataque al fiscal podrían ser condenados a más de noventa años de cárcel de ser declarados culpables.
"Entre pasar 90 años en la cárcel y morir en esta huelga, ellos han dicho que no están dispuestos a estar esos años en la cárcel", indicó el parlamentario a los periodistas.
