La organización Human Rights Watch (HRW) envió hoy una carta a los máximos representantes del Congreso de México para denunciar la reforma legislativa del Código de Justicia Militar que "violaría los derechos humanos".
El grupo se pronunció así en una carta firmada por su director ejecutivo de las Américas, José Miguel Vivanco, y enviada hoy a Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del Senado, y Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados de México.
Según HRW, la propuesta legislativa, que fue presentada por el presidente Felipe Calderón al Congreso de su país el 18 de octubre, "no servirá para poner fin a la impunidad de la mayoría de los abusos cometidos por militares".
En ese sentido, instó al parlamento a modificar esa reforma, aunque ciertas medidas de la ley las valoró como "un paso en la dirección correcta" .
En concreto, esos avances fueron la propuesta de que algunos casos de violaciones de derechos humanos pasen de la justicia militar a la penal ordinaria, como son la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura.
Sin embargo, esos progresos no son suficientes porque, según HRW, quedarían otros casos en manos de una justicia militar que "carece de la independencia e imparcialidad necesarias".
"Al garantizar que la investigación de abusos sumamente graves contra civiles (...) continúe estando a cargo del sistema de justicia militar, la reforma propuesta no responde adecuadamente a este problema", argumentó Vivanco.
La reforma también reconocería a la Policía Ministerial Militar "una amplia discrecionalidad para determinar qué incidentes se encuadran en la categoría de desaparición forzada, violación sexual o tortura", consideró el representante.
Ese margen de acción "podría instar" a las autoridades a imputar a los soldados delitos de menor gravedad para asegurar que un caso sea tramitado ante la jurisdicción militar, según Vivanco.
El otro punto débil de la propuesta destacado por HRW es la "ambigüedad de la restricción temporal" para juzgar casos de desaparición forzada.
Esa definición poco exacta podría suponer que México no cumpliera con obligaciones internacionales, como que exista un plazo "prolongado y proporcionado" para ese tipo de juicios.
