Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a la India que adopte más medidas para proteger a la población infantil afectada por el conflicto interno con la guerrilla maoísta, después de que Naciones Unidas criticara la situación de los menores en un informe.
La organización estadounidense resalta en un comunicado que esta es la primera vez que el gigante asiático aparece en el reporte anual del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre los abusos cometidos contra la niñez en los conflictos armados.
Entre otras cosas, HRW pide a las autoridades indias que se replanteen su política de ocupar y usar escuelas durante las operaciones contra los rebeldes maoístas ("naxalitas"), que tienen su feudo en una franja de territorio en el centro y el este del país.
Asimismo, exige a la guerrilla que abandone el reclutamiento y uso de niños soldados que denuncia el informe de Naciones Unidas difundido hoy en Nueva York.
"Tanto las fuerzas de seguridad como los maoístas explotan y perjudican a los niños, al destruir la posibilidad de educarse y causarles unos daños que los afectarán durante todas sus vidas", dijo la investigadora de HRW en Asia, Bede Sheppard.
La activista recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado en varias ocasiones su disposición a imponer sanciones contra las partes en un conflicto armado que no pongan fin al reclutamiento de menores en sus filas.
En ese sentido, señala que Naciones Unidas acusa en el informe a los maoístas, particularmente en el estado de Chhattisgarh, de reclutar menores de ambos sexos y atacar escuelas para aterrorizar a la población.
También resalta que el organismo critica, a su vez, la práctica de las fuerzas de seguridad de emplear escuelas, a veces por meses, como bases de sus operaciones contra la guerrilla.
Desde que protagonizó una revuelta contra las autoridades en la aldea bengalí de Naxalbari en 1967, la guerrilla ha intentado poner la democracia india contra las cuerdas con boicoteos electorales y ataques constantes contra las fuerzas del orden.
Los "naxalitas", que luchan por una revolución agraria de corte comunista, controlan varias zonas del depauperado centro y este indios, donde tienen numerosos campos de entrenamiento y buscan el apoyo del campesinado.
Casi 600 civiles, 317 miembros de las fueras de seguridad y más de 200 insurgentes murieron el año pasado en este conflicto, que ha superado en violencia al de Cachemira.
