La organización Human Rights Watch (HRW) ha notado un "cambio de actitud" por parte del Gobierno de Colombia en materia de derechos humanos, pero opina que ese nuevo "tono" no se ha reflejado en un cambio en la trayectoria de abusos.
"Hemos notado un cambio de actitud, de tono, una actitud mucho más abierta a discutir temas de derechos humanos por parte del Gobierno de (Juan Manuel) Santos", señaló hoy en una rueda de prensa el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Vivanco presentó la parte correspondiente al continente americano del informe anual de esta organización internacional.
Para esta organización, a diferencia del Gobierno de Álvaro Uribe, el Ejecutivo de Santos "ha dado numerosas declaraciones sobre la necesidad de respetar el ejercicio, las labores de la sociedad civil y de las ONGs de derechos humanos".
Desgraciadamente, agregó, la situación de los defensores, de los líderes sociales que promueven los derechos de los desplazados y de los dirigentes sindicales no ha mejorado en Colombia.
"El número de personas, de líderes sociales asesinados o perseguidos sigue creciendo, como también el número de masacres. Hemos podido constatar que en los últimos años esta cifra no decrece sino que aumenta, al igual que los ataques contra aquellos que promueven los derechos fundamentales y contra los dirigentes sindicalistas", lamentó Vivanco.
"Es un problema que no mejora, no ofrece cambios hasta ahora. Si bien hemos notado una actitud distinta, debe, ojalá en corto plazo ir acompañada de resultados concretos, mejorías que permitan manejar una opinión, o evaluación distinta, de lo que está ocurriendo en Colombia" actualmente, señaló.
"Desgraciadamente no hemos visto un cambio en la trayectoria de abusos. Creemos que el Gobierno debe hacer mucho más, como fortalecer los mecanismos de alerta temprana", sostuvo.
La publicación del informe de HRW coincide con la visita a Estados Unidos del vicepresidente de Colombia, el ex sindicalista Angelino Garzón, para, entre otras cosas, impulsar la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) por parte del Congreso estadounidense.
Precisamente la violencia contra los sindicalistas es uno de los factores esgrimidos por los legisladores para oponerse a la ratificación, y HRW mantiene una postura parecida y se seguirá oponiendo mientras no se cumplan algunos requisitos.
"Lo que nos parece relevante es que antes de la ratificación, el Gobierno de EE.UU. y el Congreso verifiquen si se han producido o no mejorías sustanciales, significativas y ojalá duraderas, sólidas en materia de asesinatos de dirigentes sindicales", dijo Vivanco.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia es el país que tiene los índices más altos en asesinatos impunes de líderes sindicalistas, recalcó.
En los últimos 25 años ha habido de 2.700 a 2.800 casos de asesinatos de sindicalistas, dijo.
"Todos los años se matan en Colombia en los últimos 6, 7, 8 años un promedio de 40 ó 50 dirigentes sindicales con impunidad", afirmó.
Eso ha llevado a que la Fiscalía cree una unidad específica de fiscales para investigar estos temas, pero HRW está bastante "decepcionada" con su trabajo porque en muchas ocasiones cierra casos en base a un testimonio de un ex líder paramilitar que se inculpa y afirma que eran guerrilleros y no sindicalistas, indicó.
"Mientras no veamos mejorías sustanciales, tangibles y ojalá con una tendencia a la permanencia y no solamente incidentales, va a ser muy difícil que podamos revisar nuestra posición respecto al TCL", aseguró Vivanco.