La organización Human Rights Foundation (HRF) manifestó hoy su abierto apoyo al caso que el opositor venezolano Leopoldo López elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la inhabilitación política de la que es objeto desde el 2008.
Representantes de HRF se presentaron hoy en la sede de la CorteIDH, en San José, para escuchar la audiencia pública en la que López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao y coordinador del partido Voluntad Popular (VP), testificó en contra del Estado venezolano.
El director jurídico de la organización, Javier El-Hage, dijo a periodistas que la HRF presentó el lunes un escrito de "amicus curiae" ante la Corte Interamericana, pues el fallo de este caso "podría sentar un precedente inédito contra la privación arbitraria de los derechos políticos" en Venezuela y otros países.
"La decisión que tome la CorteIDH en este caso podría llevar a la restitución de los derechos humanos de miles de personas en todo el continente que en estos momentos se encuentran arbitrariamente prohibidos de ejercer la función pública, de votar y de participar como candidatos en elecciones," señaló El-Hage.
HRF, con sede en Nueva York, entregó a los jueces un escrito de 44 páginas que hace un análisis sobre las circunstancias en que la Convención Interamericana de Derechos Humanos valida la inhabilitación política, asegurando que debe existir una condena judicial en cada caso.
"La función de un 'amicus curiae' es brindar a la Corte elementos de juicio que le puedan asistir en la tarea de resolver un caso conforme al derecho internacional", explicó El-Hage.
Resaltó que "en este caso" la HRF tiene "altas expectativas de que el precedente que establezca la Corte se oirá no sólo en Venezuela, sino en el resto del continente".
En su testimonio de este martes, López aseguró que el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, supuestamente manipula las inhabilitaciones políticas, como la suya, para evitar que candidatos populares pongan en riesgo el poder del oficialismo.
"La inhabilitación política es otra herramienta de ataque que usa el Poder Ejecutivo para evitar que podamos seguir en el camino del cambio por la vía electoral (...) es una lesión al sistema democrático pues el Estado decide poner y quitar candidatos a conveniencia", expresó.
López fue inhabilitado en el 2008, por una decisión administrativa de la Contraloría, para ejercer cualquier cargo de elección popular por dos casos de presunto mal uso de los recursos durante su gestión como alcalde, aunque nunca se realizó un juicio en su contra.
El exalcalde confía en que la CorteIDH restablezca sus derechos políticos para participar en las elecciones del próximo año en Venezuela.
