El Gobierno colombiano debe actuar inmediatamente para proteger a los testigos en casos contra miembros de los grupos armados que han sucedido o reemplazado a los paramilitares desmovilizados en la ciudad de Medellín, señaló hoy Human Rights Watch.
Esta organización de derechos humanos exhortó al Gobierno colombiano a través de un comunicado a "investigar las agresiones contra testigos y a reforzar las medidas de seguridad pública para detener el rápido incremento de la violencia que sufre la ciudad y que se atribuye a los grupos sucesores de los paramilitares".
Human Rights Watch (HRW) se refiere especialmente al caso de Alexander Pulgarín, un líder comunitario del barrio La Sierra de Medellín, que falleció el 20 de diciembre de 2009 después de que varios hombres no identificados dispararan contra él varias veces.
Pulgarín fue un testigo clave en el juicio contra John William López (conocido como "Memín"), un paramilitar desmovilizado que fue condenado recientemente por su continua participación en actividades delictivas.
El líder comunitario había recibido numerosas amenazas como resultado de su testimonio y su trabajo comunitario.
"Alexander Pulgarín asumió un riesgo enorme al declarar contra los paramilitares desmovilizados que controlaban salvajemente su barrio", afirmó María McFarland, subdirectora de cabildeo en Washington para Human Rights Watch.
En su opinión, "su ejecución a plena luz del día muestra que el Gobierno no está protegiendo adecuadamente a los testigos ni brindando la seguridad que Medellín requiere con urgencia".
HRW destaca que la violencia en Medellín se ha incrementado drásticamente en los últimos años. En los primeros diez meses de 2009, el índice de homicidios se ha más que duplicado, y pasó de 830 ejecuciones registradas en el mismo período de 2008 a 1,717 este año, según datos del Instituto de Medicina Legal de Medellín.
El incremento se atribuye principalmente a los grupos sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia, que controlan las actividades delictivas en la ciudad.
Según HRW los grupos pelean entre sí por el control de los territorios, y a menudo llevan a cabo ejecuciones selectivas, desplazamientos forzados, extorsión y amenazas contra residentes de Medellín.
