La Iglesia peruana manifestó hoy su "preocupación" por la promulgación del Gobierno de dos decretos de urgencia que eximen de la entrega del informe medioambiental como paso previo para obtener autorizaciones administrativas, principalmente para explotaciones mineras o energéticas.
El Gobierno de Alan García promulgó los pasados 18 y 21 de enero dos decretos de urgencia que afectan a 33 proyectos, entre ellos centrales hidroeléctricas y de transporte, y que, en la práctica, permite a funcionarios expedir autorizaciones administrativas sin ser necesario antes el estudio ambiental.
"Es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio", señaló la Iglesia en una invocación difundida hoy y que está rubricada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Miguel Cabrejos, junto a obispos de la Amazonía peruana.
Precisamente uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos en Perú es la construcción de la central hidroeléctrica en el distrito selvático de Inambari, al sudeste del país, que, de ejecutarse, se convertiría en la quinta hidroeléctrica más grande de Suramérica.
"Es tarea nuestra (...) cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar y corremos el riesgo de administrar miseria, llanto y desolación", explicó en su texto la Iglesia, quien justificó su pronunciamiento ante la "insistencia" de los fieles.
Por ello, defendieron la necesidad de los estudios de impacto medioambiental como "requisito fundamental" para evaluar las consecuencias sociales y ambientales de proyectos mineros y energéticos.
La Iglesia, al igual que días atrás lo hizo la Defensoría del Pueblo, recordó que el 30% de los conflictos sociales registrados en diciembre pasado estaban vinculados al manejo del agua y recursos hídricos.
Diferentes organismos civiles y miembros de la oposición criticaron esta semana la promulgación de estos decretos de urgencia, que algunos llegaron a calificar de inconstitucionales.
La aprobación de estos decretos hizo recordar una serie de enfrentamientos entre indígenas y policías en junio de 2009, que se saldaron con 34 muertos y que se originaron tras la promulgación de varios decretos sobre explotación petrolera, calificados de lesivos con el ambiente por las organizaciones indígenas amazónicas.
