Tres supervisores de obra y una empresa subcontratada fueron acusados hoy por su relación con la muerte de dos bomberos que combatían el fuego declarado en agosto de 2007 en la antigua sede del Deutsche Bank, en la Zona Cero de Nueva York, desocupada desde los atentados del 11-S.
El fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, informó hoy de que los supervisores Mitchell Alvo y Salvatore DePaola, de la compañía John Galt, y Jeffrey Melofchik, de Bovis Lend Lease, enfrentan cargos de homicidio involuntario, negligencia con resultado de muerte y de poner en peligro de forma imprudente vidas humanas.
También ha sido acusada la compañía John Galt, que fue subcontratada por Bovis Lend Lease para las labores de demolición del edificio y la retirada del amianto encontrado en el rascacielos.
Según los resultados de la investigación, cuando se quemó el edificio tenía el sistema contra incendios desmantelado, no había suministro de agua para los pisos superiores y las salidas de emergencia estaban selladas, entre otras incidencias.
Los bomberos Robert Beddia y Joseph Graffagnino murieron por inhalación de humo cuando trataban de apagar el fuego en ese rascacielos, de 41 pisos de altura y que, tras haber sido durante años la sede del Deutsche Bank, iba a ser demolido, debido a los importantes daños que sufrió en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El incendio comenzó con un cigarrillo mal apagado de uno de los trabajadores encargados de retomar las tareas de demolición, que habían sido suspendidas en varias ocasiones al descubrirse allí restos de cientos de víctimas de los atentados y por otro tipo de problemas.
A raíz de este incidente, se acordó modificar algunas normativas locales para reforzar la seguridad en este tipo de obras y está previsto que se cree una división en el Departamento de Bomberos encargada específicamente de inspeccionar los rascacielos en proceso de construcción y demolición.
Así lo indicó la oficina del fiscal en un comunicado en el que detalló que se han alcanzado acuerdos tanto con la ciudad como con Bovis, para que mejoren sus prácticas en materia de seguridad, después de una investigación de 16 meses en la que se ha interrogado a más de 80 testigos.
