Los indígenas de la comunidad de los Cayambis aclararon que las acciones contra el director de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la provincia de Pichincha, César Guanoluisa, no fueron una agresión sino una "purificación" del funcionario por faltar al respeto a las mujeres.
El Ministerio ecuatoriano de Educación señaló ayer que las acciones contra Guanoluisa dificultaban el diálogo que mantienen el Gobierno con la Confederación de Nacionalidades Indígena (Conaie) en temas de educación.
En un comunicado, el ministerio aseguró que Guanoluisa "fue agredido verbal y físicamente, sometido a azotes con ortiga por miembros de la Federación del Pueblo Cayambi, filial de la Ecuarunari (filial de la Conaie en los Andes) y de la Conaie".
"Este atentado contra los derechos humanos fundamentales del funcionario pone en difícil situación las conversaciones entre la Conaie y el Ministerio de Educación", señaló la dependencia, al tiempo de exigir "una inmediata disculpa de la dirigencia indígena".
No obstante, el pueblo Cayambi aclaró hoy en un comunicado que fue Guanoluisa quien empezó un conflicto de enfrentamiento con las mujeres indígenas durante una reunión.
Ante ello, las mujeres de la comunidad lo enfrentaron y lo "purificaron", "por lo que no reconocen ninguna agresión en su contra", señala el escrito.
En la reunión donde ocurrió el incidente se evaluaban los avances de las mesas de diálogo entre la Conaie y el Gobierno, entre ellas las relacionadas con la Ley de Agua, Educación Intercultural Bilingüe, Circunscripciones Territoriales Indígenas y otros.
El hecho violento ocurrió la misma semana en que la Conaie y el Gobierno lograron un acuerdo por el que trabajarán conjuntamente en la elaboración de un nuevo decreto para designar a las autoridades de educación intercultural bilingüe (español-quichua).
En una reunión entre la Conaie, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, y la secretaria de Pueblos, Doris Solíz, las partes consiguieron un pacto para el nombramiento de directivos educativos, una de las inquietudes que llevaron a los indígenas a protagonizar un levantamiento durante los últimos días de septiembre pasado.
El Gobierno argumenta que antes, como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe no estaba bajo la rectoría de las políticas del Gobierno, no existía ningún control sobre los textos escolares indígenas y los contenidos académicos, a los que ha calificado como de mala calidad.
Por ello, diseñó un plan que desembocó en el decreto 1585, que fue criticado por las comunidades por considerar que no contemplaba su participación en la gestión educativa intercultural.
Después de las protestas indígenas, que se saldaron con un manifestante fallecido y unos 40 policías heridos, el Gobierno y la Conaie comenzaron un proceso de diálogo en el que, en diferentes mesas de trabajo, estudiaron los desacuerdos en varios temas.
Los delegados de ambas partes trabajan, entre otros aspectos, sobre un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que las comunidades temen que privatice la gestión del agua, y sobre una Ley de Minería, que los indígenas consideran que puede atentar contra el medio ambiente, ambos argumentos negados por el Ejecutivo.
