Indígenas panameños mantienen hoy bloqueada, por tercer día consecutivo, una carretera que atraviesa todo el país y lo comunica con el resto de Centroamérica, en rechazo al desarrollo minero en sus territorios.
La protesta, que el Gobierno asegura es alentada por sectores opositores que no identifica, ha paralizado el transporte de carga, alimentos y pasajeros, y hasta ahora se ha desarrollado sin incidentes.
El cierre de la llamada vía Interamericana comenzó el martes pasado a la altura del cruce de San Félix, en Chiriquí, a unos 369 kilómetros al oeste de la capital, y los indígenas han asegurado que solo lo levantarán cuando el presidente del país, Ricardo Martinelli, se desplace al lugar para iniciar un diálogo.
Los nativos protestan por la eliminación de un artículo del proyecto de ley minera 415, que discute el Parlamento panameño, el cual garantizaba la no explotación de yacimientos de cobre en Cerro Colorado, el más importante del país y situado en la Comarca Ngäbe Buglé.
La dirigente indígena Silvia Carrera exigió este jueves a Martinelli que hable directamente con ellos, como lo hizo cuando estaba en "campaña" por la Presidencia del país.
"Él (Martinelli) dio su palabra (...) dijo que el día que no cumpla con el pueblo indígena Ngäbe y campesino, que lo cuelguen del árbol más alto de la comarca, y nosotros no queremos tomar esa acción todavía", dijo la dirigente indígena, según informó la cadena privada TVN Noticias.
El proyecto de ley 415, que ya pasó el primero de tres debates parlamentarios, fue consensuado entre el Gobierno y los indígenas tras las violentas protestas que éstos realizaron entre 2010 y 2011, que dejaron al menos dos muertos, y desembocaron en la derogación de la Ley 8, que reformaba el Código Minero, el cual, según los aborígenes, atentaba contra sus recursos naturales.
Por su parte, Martinelli aclaró que primero "hay que abrir las calles y luego se habla todo lo que se tiene que hablar", en declaraciones a los periodistas tras participar en un acto público.
El mandatario afirmó que las protestas son alentadas "por motivos políticos por personas allegadas a partidos de oposición", que no identificó.
El Gobierno emitió un comunicado oficial en el que señala que ha cumplido con un acuerdo firmado en febrero de 2011 para poner fin a un cierre similar en la vía y consensuar una Ley minera con los indígenas, y que, aunque favorece el diálogo, esta vez "no entablará conversaciones mientras se mantengan las medidas de presión".
"Un año después de la palabra empeñada, la Coordinadora Indígena acude a las mismas medidas de fuerza que afectan directamente a la población cuando apenas (la nueva Ley minera) está en la Asamblea Nacional en primer debate", indica el comunicado.
El cierre de la Interamericana ha provocado "incalculables pérdidas económicas a Chiriquí", destacó el Gobierno.
El Gobierno destaca que la medida de fuerza "afecta directamente a familias, comerciantes y transportistas que están varados" en la importante vía.
Según reportan medios locales, la fila de autos y camiones se extiende por más de 10 kilómetros en la Interamericana, y que al lugar no se ha presentado ninguna fuerza del orden público.
El ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, ha dicho que "bajo ninguna circunstancia" el Gobierno caerá en una situación de "confrontación" con los indígenas, que sería el supuesto objetivo de los propulsores de las protestas para así "buscar un muerto".
Algunos transportistas han alertado que podrían perder sus cargas porque tras casi 72 horas varados se acaba el combustible que mantiene los sistemas de refrigeración.
También hay bloqueos en Viguí, en la provincia central de Veraguas, que limita con Chiriquí, así como en Bocas del Toro, en el Atlántico, según la información disponible.
