Los miles de indígenas y campesinos guatemaltecos que caminaron más de 200 kilómetros durante nueve días para exigir solución a la problemática agraria, empezaron hoy a retornar a sus comunidades con el ofrecimiento del Gobierno de que solucionará sus demandas.
Tras una larga reunión de trabajo que se prolongó hasta la madrugada de hoy, los representantes del presidente Otto Pérez Molina escucharon las 68 peticiones planteadas por los labriegos, y ofrecieron "trabajar de forma conjunta" con las organizaciones campesinas en la solución de los problemas.
Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), el cual organizó la caminata, dijo a los periodistas que esperan que el Gobierno cumpla con sus ofrecimientos y ofrezca soluciones concretas a los demandantes.
Durante nueve días, unos 1.500 campesinos e indígenas caminaron desde la norteña ciudad de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, hacia la capital guatemalteca, para exigir políticas agrarias de beneficio para las zonas rurales del país.
Pérez Molina, quien recibió en el Palacio Nacional de la Cultura a los líderes de la caminata, aseguró que está dispuesto a atender las demandas de los indígenas porque está consciente de que sin desarrollo rural no habrá crecimiento económico, pero aclaró que no todas las peticiones pueden ser atendidas de inmediato.
El presidente dijo que dará prioridad al acceso a la tierra y a retirar a los soldados de las regiones donde existan conflictos sociales, pero señaló que la condonación de la deuda agraria que reclaman los indígenas, tiene que llevar un proceso legal.
Por su parte, Adrián Zapata, comisionado presidencial para el desarrollo rural, quien encabezó las negociaciones con los campesinos e indígenas, dijo que se estudiarán "una a una" a las exigencias de los labriegos para buscarles soluciones "en el marco del Estado de Derecho".
Los miles de campesinos e indígenas de las etnias Q'eqchí', Xinca y Ch'orti' de regiones del norte de Guatemala exigen al gobierno soluciones concretas a la ancestral conflictividad agraria en Guatemala, la cancelación de las licencias de explotación minera y de proyectos hidroeléctricos, entre otros.
