Un informe elaborado por dos organismos locales sobre la reciente intoxicación de centenares de empleados de la minera canadiense Barrick Gold recomendó hoy al Estado dominicano revisar el contrato suscrito con esa firma para "ajustarlo" a los intereses del país.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) determinaron que el contrato entre el Estado dominicano y la minera norteamericana contiene "cláusulas" que limitan la soberanía de la nación caribeña en caso de desastres o emergencias de salud que no son congruentes con las obligaciones constitucionales nacionales.
Aseguraron, además, que la intoxicación masiva no se produjo por contaminación bacteriana ya que ni los síntomas ni el tratamiento son consistentes con la misma.
"Los síntomas y el tratamiento se correlacionan con contaminantes de origen químico", concluyó la investigación, en la que se destaca la que los obreros contactados emitían un olor "penetrante y nauseabundo".
De acuerdo al estudio, los afectados presentaron síntomas como lagrimeo, escozor en los ojos y la nariz, prurito en las extremidades superiores, cefalea, náusea, vértigo, decaimiento, epigastralgia, diarrea, disminución de la fuerza muscular de las extremidades superiores e inferiores y signos de deshidratación.
Los organismos criticaron el hermetismo y las restricciones que siguieron al caso de intoxicación el 15 de marzo pasado de más de 300 empleados de la Barrick Gold en sus instalaciones de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, en el noreste dominicano.
El informe insiste en las supuestas condiciones de "poca transparencia" en las operaciones de la Barrick Gold en el país, y señala específicamente que los trabajadores afectados no están incluidos en el sistema de salud dominicano como lo establece la ley.
La instalación de la minera canadiense en el país ha sido duramente criticada por organismos ecologistas, de la sociedad civil y de grupos comunitarios, al considerar que el contrato de arrendamiento por 25 años, aprobado por el Congreso Nacional, es lesivo económicamente para la nación.
Funcionarios dominicanos, sin embargo, defienden las condiciones del contrato de arrendamiento y destacan los supuestos beneficios que arrojará el acuerdo para el país.
La polémica en torno al establecimiento de la Barrick Gold en República Dominicana subió de tono tras la revisión del contrato original por el Congreso con el propósito de incluirle un agregado que permite a la empresa iniciar el pago de sus compromisos con el Estado cuando su rentabilidad supere el 10 por ciento.
