Las autoridades electorales de Nicaragua, en colaboración con la Policía Nacional, investigan la supuesta entrega de cédulas de identidad alteradas a personas que se dedican al tráfico de menores para fines de prostitución, informaron hoy fuentes oficiales.
El portavoz del Consejo Supremo Electoral (CSE), Félix Navarrete, dijo a Efe que han ordenado esa investigación a raíz de una denuncia de El Nuevo Diario, de Managua, que publicó en una serie de reportajes que una joven de 19 años obtuvo un documento de identidad con nombres, apellidos, edad y domicilio alterados.
El diario, en una investigación periodística, dijo que Roger Vargas, un funcionario del Consejo Supremo Electoral (CSE), autorizó una cédula falsa a la joven Daysi Ramírez Larios, de 19 años, que se hizo pasar como menor de 16 años con la ayuda de una proxeneta a cambio de 50 dólares.
El portavoz del CSE dijo que de momento se ha suspendido a cinco funcionarios de ese Poder del Estado que estarían involucrados en la entrega de documentos de identidad alterados.
No obstante, Navarrete también informó que el Poder Electoral decidió interponer una denuncia ante la Policía contra Ramírez Larios, quien colaboró en la investigación periodística, por "falso testimonio" para obtener una cédula alterada.
Además solicitaron a la Policía citar a Carlos Larios, periodista a cargo de la investigación y tío de la joven, "para que explicara más" sobre el procedimiento para conseguir cédulas alteradas.
El Nuevo Diario, en su editorial de hoy, se quejó del CSE por acusar a la joven que ayudó a "poner al descubierto la corrupción y el tráfico de cédulas de identidad que existe en ese poder del Estado".
El diario aseguró que jamás entregó dinero a algún funcionario electoral para conseguir una cédula falsa, sino que pagaron a una mujer que se dedica al tráfico de menores para fines de prostitución y tiene contactos en ese poder del Estado.
El matutino explicó que "dadas las circunstancias de cómo se manejan en Nicaragua las denuncias contra las instituciones del Estado, la operación realizada por El Nuevo Diario y el servicio prestado por Daysi a la sanidad moral de Nicaragua, era la única forma de dejar en evidencia pública el actuar delictivo de algunos funcionarios".
"Queda la inevitable conclusión que de esta misma forma se emiten cédulas para fines políticos o de narcotráfico", sostuvo el rotativo.
El director de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro, dijo que han asumido la defensa legal de la joven y están dispuestos a pelear el caso legal, incluso internacionalmente, porque "no ha cometido ningún delito".
Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han pedido al Poder Electoral tratar como testigo calificado a la joven.
El diario La Prensa, de Managua, recordó que Alberto Bermúdez, supuesto emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y mencionado en los correos electrónicos encontrados en la computadora del fallecido "Raúl Reyes", portavoz internacional de esa guerrilla, adquirió cédula nicaragüense en 2008.
Bermúdez, alias el "Cojo", tiene la cédula nicaragüense número 001-080357-0062M, con el nombre de René Alberto Gutiérrez Pastrán, que tramitó y consiguió en "proceso irregular y expedito", según ese periódico.
Bermúdez estuvo en Nicaragua en 2007, según los archivos hallados en la computadora de "Raúl Reyes" en una carta enviada por Rodrigo Granda, conocido como el "canciller" de las FARC, a quien fuera el portavoz internacional del grupo guerrillero, el 21 de septiembre de 2007.
El CSE, controlado por sandinistas y liberales, es la institución encargada de entregar las cédulas de identidad.
