La Procuraduría colombiana investiga a tres altos cargos de la Presidencia y a otros 23 funcionarios por su presunta implicación en una trama de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, opositores y periodistas, reveló hoy la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
La causa iniciada por la Procuraduría (órgano de control disciplinario de los funcionarios del Estado) también alcanza a cuatro ex directores de la central de inteligencia del Estado, destacó el presidente de la Flip, Ignacio Gómez, que fue informado del proceso por el procurador general, Alejandro Ordóñez, en una reunión.
Gómez precisó a Efe que los cargos de la Presidencia investigados son el secretario general, Bernardo Moreno; el de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el hasta hace poco asesor de Comunicaciones de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) y ahora viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman.
La investigación de la Procuraduría General también implica a los ex jefes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) Jorge Noguera, Joaquín Polo, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate.
Los cuatro ocuparon el cargo de manera sucesiva desde que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder en Colombia, en agosto de 2002.
El número de ex directores del organismos de inteligencia estatal implicados hace suponer que en esta agencia, que depende de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, "había una actividad en relación con las 'chuzadas' (escuchas telefónicas) hasta febrero de 2009".
El procurador Ordóñez no excluyó que el actual director del DAS, Felipe Muñoz, pueda ser vinculado en un futuro con el mismo proceso, agregó Gómez.
El presidente de la Flip agregó que con el proceso también fueron vinculados otros 19 funcionarios, entre ellos algunos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad contra el lavado de activos que depende del Ministerio de Hacienda.
Ordóñez informó de esta investigación el lunes, durante una reunión con Gómez, el director ejecutivo de la Flip, Andrés Morales; el coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, y la directiva de junta de esta organización con sede en Nueva York, la periodista colombiana María Teresa Ronderos.
La causa se derivó de unas denuncias publicadas hace un año por la revista Semana relacionadas con una trama de intervenciones telefónicas y seguimientos ilegales por parte de funcionarios del DAS a magistrados de las altas cortes judiciales, políticos de oposición y periodistas.
Gómez observó que el actual jefe de esta agencia de inteligencia les dijo a los mismos interlocutores del procurador, en otra reunión, que el objetivo de esta campaña "era crear terror para intimidar a una periodista en un caso concreto".
"Pero sabemos que no es uno, sino muchos casos. Entonces estamos hablando de sumar funcionarios del Estado con una campaña de terror. Eso claramente se llama terrorismo de Estado", subrayó.
El presidente de la Flip informó de este proceso durante la presentación en Bogotá de los informes sobre la libertad de prensa en Colombia y América en 2009, elaborados por la CPJ y la Flip.
