El tribunal de la capital colombiana que ordenó mantener abierto el proceso contra los ex rebeldes del M-19 implicados en la toma del Palacio de Justicia incurrió en una equivocación al invocar para ello a la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó hoy el penalista y catedrático Yesid Reyes Alvarado.
El experto, que es hijo de uno de los magistrados que murió en los hechos, observó que el Estatuto de Roma, creador de la CPI, fue adoptado mucho después del llamado "Holocausto de la Justicia", hace un cuarto de siglo.
Este viernes se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Juzgado Segundo Especializado de esta misma ciudad que mantenga activa la causa del Palacio de Justicia.
Un centenar de personas murieron y otras doce desaparecieron de manera forzada en los hechos del edificio judicial, situado en el centro histórico de Bogotá, que fue tomado el 6 de noviembre de 1985 por el ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
La toma fue seguida de una operación de retoma militar que terminó al día siguiente, con la edificación destruida por las llamas.
En la providencia, que se derivó de una apelación al archivo judicial del proceso, el Tribunal de Bogotá consideró que en el Palacio de Justicia se cometieron delitos de lesa humanidad que, en consecuencia, no prescriben y no son susceptibles de amnistía, como tampoco de indulto.
Asimismo, observó que el Estado tiene compromisos internacionales, entre ellos los que se derivan de la CPI, que no tienen correspondencia con las decisiones gubernamentales y legislativas sobre amnistía e indulto a los rebeldes del M-19 que en 1990 firmaron un acuerdo de paz con el Ejecutivo.
"Desde el punto de vista jurídico, es una equivocación", explicó el letrado Reyes Alvarado, hijo de Alfonso Reyes Echandía, uno de los diez magistrados que murió en la sede judicial y quien por entonces presidía la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En una entrevista con La W Radio, Reyes Alvarado criticó que en su país se recurra a la figura de la lesa humanidad "para prolongar investigaciones en el tiempo".
"Creo que la Justicia tiene su tiempo y el tiempo de la Justicia lo fija el fenómeno de la prescripción o figuras como la amnistía o el indulto. Terminado el tiempo de la Justicia, es el tiempo de la historia", apuntó el penalista.
En este sentido, consideró que el Estatuto de Roma no puede ser aplicable de manera retroactiva a este caso.
Además, señaló que las causas judiciales contra los antiguos rebeldes del M-19 fueron cerradas "a través de una figura jurídica consagrada en la ley y aplicada conforme a la normatividad vigente entonces".
"La amnistía o los indultos son formas válidas de administrar Justicia, aun cuando algunos no estemos de acuerdo con su aplicación en casos concretos", dijo.
Sin embargo, Reyes Alvarado advirtió de que la providencia del Tribunal de Bogotá puede llevar a que se investigue a los militares por delitos como los de homicidio y lesiones personales, además del de desaparición forzada, por el que las autoridades judiciales han procesado a varios oficiales en retiro, uno de ellos ya condenado.
También es factible, dijo luego, que se reabra "la posibilidad de buscar si hay responsabilidad penal hacia arriba en la cúpula del Gobierno de entonces (el encabezado por el conservador Belisario Betancur)".
El letrado explicó estas posibilidades en el hecho de que no se haya esclarecido la responsabilidad de todos los crímenes en los hechos del Palacio de Justicia.
