Una veintena de organizaciones juveniles de Guatemala expresaron hoy su rechazo a una iniciativa de ley, similar a la salvadoreña, que busca penalizar la pertenencia a las pandillas juveniles, por considerar que no resuelve el clima de violencia que impera en el país.
El dirigente juvenil del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Abner Paredes, aseguró en rueda de prensa que estas leyes "lo único que pretenden es estigmatizar a los jóvenes" y que la ven como una medida con fines electorales.
Paredes, quien habló en nombre de 20 organizaciones juveniles, entre ellas, asociaciones religiosas, indígenas y culturales, sostuvo que "una legislación no resuelve la violencia".
El pasado 10 de septiembre, el diputado del derechista Partido Patriota, Gudy Rivera, presentó al Congreso una iniciativa que busca castigar con penas de 2 a 5 años de cárcel a quienes integren las pandillas o maras, con el fin de reducir la inseguridad que generan estos grupos en el país.
"No se debe cuestionar a la juventud por su presumible participación en las pandillas, sino cuestionar qué están haciendo los Gobiernos de Centroamérica por los jóvenes y sus necesidades", acotó.
En un comunicado, las 20 organizaciones juveniles afirmaron que una iniciativa como la presentada por Rivera, "no constituye una solución a la inseguridad y violencia" y es "potencialmente violadora de los derechos humanos".
Según Paredes, una legislación de este tipo "implicaría criminalizar" a quienes "usen tatuajes o se vistan de forma diferente a los parámetros convencionales y las consecuencias serán la represión".
"Estamos de acuerdo en que haya persecución penal contra quienes cometan delitos, pero no se vale estigmatizar a los jóvenes", dijo.
Paredes apuntó que para combatir la violencia, en Guatemala se necesitan leyes que den a los jóvenes acceso al trabajo, la educación y la salud y no mecanismos represivos.
Las organizaciones juveniles reiteraron hoy la necesidad de que en el país se apruebe una política de juventud que dé atención integral que contribuya a minimizar la posibilidad de que se incorporen a estructuras delictivas.
El pasado fin de semana entró en vigor en El Salvador una ley que proscribe las maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal que eleva hasta diez años las penas por ese delito.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala se mantienen en alerta ante una posible desbandada de pandilleros salvadoreños luego de la entrada en vigencia, ayer, de la ley antimaras en ese país.