Panamá
Advierten que el Ministerio Público está actuando con 'paños tibios' y practicando 'selectividad' en el caso de albergues
El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, cuestionó la medida aplicada por el Judicial a un funcionario de alto perfil y la calificó de ofensiva a la "inteligencia humana".
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 06/5/2021 - 06:28 am
![Michael Luis Olson (dcha.), excoordinador jurídico del Departamento de Protección de la Senniaf, a su salida ayer del Sistema Penal Acusatorio. Foto: Leandro Ortiz](https://www.panamaamerica.com.pa/sites/default/files/imagenes/2021/05/06/organo-judicial-panama_0.jpg)
Michael Luis Olson (dcha.), excoordinador jurídico del Departamento de Protección de la Senniaf, a su salida ayer del Sistema Penal Acusatorio. Foto: Leandro Ortiz
El Ministerio Público (MP) está actuando con "paños tibios" y practicando "selectividad" en el caso de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues, advirtió Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).
"Claro que hay selectividad en este caso. El Ministerio Público está actuando con paños tibios en estas investigaciones. Vemos que las actuaciones están lentas y por el tipo de delito, las medidas que aplica el Órgano Judicial me parecen hasta ofensivas a la inteligencia humana", sentenció el abogado.
Agregó que el pasado martes se vio el primer caso de un alto exfuncionario de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que fue señalado en este caso, el cual fue beneficiado con una medida de país por cárcel y reporte periódico una vez a la semana. Contrario a lo sucedido con personas de bajo perfil, algunas de las cuales están detenidas y hasta condenadas.
Ante esto, Fraguela explicó que este proceso no solo se limita a las actuaciones de este funcionario, sino a todos los actos que se realizaron desde el año 2015 en adelante y que explotó ahora en el 2021.
"El pueblo panameño no puede pasar la página sobre este caso. Aunque se haya nombrado a las nuevas autoridades, las investigaciones deben seguir y arrojar un resultado que no se limita a unas cuántas personas procesan", enfatizó.
Añadió que en este caso se habló de fiestas y la pregunta que surge es ¿quiénes participaban de las mismas, dónde se realizaban, quiénes participaban y por qué participaban menores de edad en esas fiestas clandestinas?
¿Los funcionarios por qué otorgaban los permisos o por qué no denunciaban las irregularidades que se daban, quiénes sabían y desde cuándo?, se preguntó el letrado.'
2
personas han sido condenadas dentro de las investigaciones por este proceso legal.
13
personas han sido imputadas de cargos dentro de estas investigaciones.
De forma clara, el abogado indicó que todas estas preguntas requieren de una respuesta y todas esas respuestas generan una vinculación sobre los hechos señalados en este caso.
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"Entonces por qué no son imputados", cuestionó el exvicepresidente del Colegio de Abogados.
Enfatizó que siente que el Ministerio Público no ha archivado todas esas denuncias, porque son conscientes de que eso generará una protesta tan fuerte en el país que tendrá impacto internacional.
"El Ministerio Público debe despertarse de esa atrofia que ocasiona hacer investigaciones débiles desde la comodidad de sus despachos. Para después ordenar el archivo de causas criminales, irrespetando los derechos de los afectados que son ciudadanos de este país", puntualizó.
Imputada
Ayer, se logró la imputación de cargos de una trabajadora social de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por su supuesta vinculación con el envío de menores de edad a centros de rehabilitación para adultos.
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Aurelio Vásquez, fiscal superior de familia del área metropolitana, señaló que la fiscalía asistió a la audiencia múltiple en donde se legalizó la aprehensión de la funcionaria y se le explicó sobre la investigación por el delito agravado de maltrato al menor.
De acuerdo con el fiscal, se solicitó como medida cautelar la detención provisional de la trabajadora social, pero el Tribunal tomó otras decisiones.
"El Tribunal determinó que la medida más cónsona era el reporte periódico cada 15 días, impedimento de salida del país, no acercarse a ninguna de las instalaciones de la Senniaf y la suspensión del cargo de la funcionaria", manifestó la mañana de ayer el fiscal superior de Familia.
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