Panamá
Son 6,000 jubilados de una disuelta asociación que no han podido cobrar sus ahorros y se encuentran con que los activos podrían haber sido vendidos a terceros.
Son 1,500 asociados los que colocaron la denuncia penal. Foto: Víctor Arosemena
Transcurridos 17 años desde la disolución de la Asociación de Beneficencia de los Miembros de la Fuerza Pública (Amifup) a sus 6,000 asociados les ha sido imposible cobrar sus ahorros.
Sin emabargo, lo que no se esperaban es que detrás de las excusas de la junta liquidadora de esta sociedad, se estuvieran cometiendo irregularidades que afectaran su patrimonio.
Este martes, un equipo de abogados, en representación de 2,500 policías, la mayoría capitanes y mayores que laboraron por 25 y 30 años en la Fuerza Pública, colocaron una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de un concurso de delitos con los que se hallaron al averiguar que pasaba con los ahorros de estas personas, hoy jubiladas.
Los abogados José Manuel Saldaña y Aristides Justavino Barrios revelaron que la junta liquidadora de Amifup traspasó propiedades de la asociación a las sociedades Desarrollo Inmobiliario El Paco, Desarrollo Inmobiliario El Chorrillo y Desarrollo Inmobiliario Cruz del Este.
"Lo que han hecho es robarse los dineros de estos humildes policías", manifestó Saldaña, quien ilustró que además de la querella penal exigirán rendición de cuentas mediante procesos civiles y solicitarán a los juzgados civiles la nulidad de todos los procesos realizados por la junta liquidadora.
Son más de $17 millones en ahorros de los asociados de Amifup que no se han podido cobrar. Los que laboraron por 25 años en la Fuerza Pública les correspondía $4,000.00, mientras que los que llegaron a 30 años de servicio, tenían derecho a cobrar $5,000.00.
Sin embargo, esto va más allá de este fondo, pues los abogados presentaron pruebas de inversiones que realizó la asociación, las cuales fueron traspasadas a terceros, supuestamente en forma fraudulenta.
"Algunas fincas han sido lotificadas en Bejuco y Chame y cuestan millonadas", aseguró el abogado Saldaña.
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El litigante solicitó al director de la Policía Nacional, John Omar Dornheim, que no levante las marginales de las fincas de Amifup en Chitré y Santiago, porque tienen información de que también la querían vender.
De igual forma, hizo un llamado al procurador de la Nación, Javier Caraballo, para que no compre un terreno que los integrantes de la junta liquidadora le están ofreciendo al Ministerio Público, según tienen conocimiento.
Entre los delitos por los que fueron denunciados los miembros de la junta liquidadora figuran hurto agravado y apropiación indebida.
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