El modelo actual en el que la Corte juzga a Asamblea y viceversa, tiene el agravante de que 'transforma' a magistrados en investigadores..
Diputado Arquesio Arias ha sido claro a decir que no se separá del cargo, lo que complica la investigación de la Corte. Ilustración Panamá América
El mediático caso donde al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, ya se le imputaron cargos por delitos de violación carnal y actos libidinosos, ha vuelto a revivir la polémica en torno a las falencias del modelo de juzgamiento mutuo entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Concretamente en lo relacionado a los roles improvisados, y hasta contradictorios, que deben asumir los jueces naturales en estos expedientes especiales.
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Por ejemplo, ayer, el magistrado Olmedo Arrocha, fiscal asignado al caso del diputado Arias, desempeñó funciones de investigador, en una gira a la comunidad de Ustupu (Guna Yala), último sitio donde Arquesio Arias laboró como médico antes de llegar a la Asamblea como diputado electo.
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Pero adicional a esto, la Corte se ve avocada a una duplicidad de funciones, que según abogados consultados, convierte a Panamá en uno de los pocos países del mundo donde se persisten estas contradicciones de roles.
"En la Corte Suprema de Justicia hoy se nombra a un magistrado fiscal y se escoge un juez de garantías; mañana el que era juez de garantías para a ser fiscal, y el que era magistrado fiscal pasa a ser juez de garantías, lo cual es una aberración jurídica que contradice los principios de objetividad y de verdadera imparcialidad e independencia en el debido proceso", advirtió el constitucionalista Silvio Guerra.
El jurista recordó que en el año 2007, cuando él fue parte de la Comisión Decodificadora que abordó la figura del juez de garantías, se propuso que dicho juez de garantías no saliera de entre los propios magistrados.
"Y aunque con esto pretendíamos una reforma positiva, la propuesta no caló porque mayores eran los defensores del statu quo constitucional y jurídico", rememoró Guerra.
Dicho statu quo es lo que en términos coloquiales el abogado Miguel Antonio Bernal califica como "caimán no come a caimán", en relación al poco avance de las investigaciones entre la Corte y la Asamblea.
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De hecho, Bernal se muestra escéptico de que las "investigaciones" al diputado del PRD lleguen a algo concreto.
El abogado Silvio Guerra se muestra un poco más esperanzador de que se conozca la verdad, pero agrega que "urge una inminente e inmediata reforma para crear un sistema diferente, de modo que la Corte sea la Corte, y que para lo demás haya un Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o Corte Constitucional... esto no se puede seguir dando", alerta.
Por su parte el abogado Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, señala que el caso Arias sirve para recordarnos "la distorsión de juzgamiento mutuo". Y recordó que en la corriente moderna del sistema penal, los juzgadores se dedican a juzgar, y no andan haciendo de investigadores.
De hecho, Lee señala que en las reformas constitucionales, se le devuelve esta facultad exclusiva al Ministerio Público.
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