Denuncian liquidación de Seguros La Floresta ordenada durante gobierno de Juan Carlos Varela

Una querella penal y un resarcimiento económico por 85 millones de dólares presentaron contra José Joaquín Riesen, superintendente de seguros y reaseguros durante el Gobierno de Juan Carlos Varela, y otros por la liquidación ordenada de Seguros La Floresta S.A.

La querella fue interpuesta por Oswaldo Karam Macía, presidente y representante legal de la sociedad anónima La Floresta de Seguros y Vida S.A., a través del abogado Gilberto Cruz Ríos en la Fiscalía de Atención Primaria y Seguimiento de Causa del Ministerio Público de Panamá.

A parte de Riesen, también fueron querellados José Ángel Hidrogo y Lourdes Loo de Bianchire, quienes actuaron como liquidadores internos dentro de este proceso contra La Floresta S.A., así como David Eleta De León y Elida Hernández, quienes fungieron como presidente y miembro de la junta de liquidación, respectivamente.

También fue querellado Gilberto Quintana.

La querella contra estas seis personas es por los supuestos delitos contra la fe pública, en su modalidad de falsificación de documentos, falsedad ideológica, falso testimonio, estafa agravada, asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La misma surge luego de que el 29 de junio de 2019, la Superintendencia de Seguros ordenó la toma de control administrativa y operativa de la aseguradora La Floresta de Seguros y Vida y se nombró como administradores en este proceso a Hidrogo, Loo de Biancheri y a otros

De acuerdo con Gilberto Cruz, abogado denunciante en este caso, Hidrogo es el mismo liquidador en casi todas la liquidaciones ordenadas en el Gobierno de Juan Carlos Varela, entre las que están la de la Reaseguradora del Istmo y la de Seguros BBA. Mismas compañías que, de acuerdo con el abogado, también han denunciado a Hidrogo por este mismo tema.

La participación de Hidrogo como liquidador en los procesos de las empresas Istmo Reaseguros y Seguros BBA fue certificada por la Superintendencia de Seguros a cargo de Alberto Vásquez, el pasado 8 de junio de 2020 al abogado denunciante en este caso a través de una nota.

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Cruz manifestó que igualmente José Hidrogo fue el mismo liquidador usado durante el Gobierno pasado en el proceso de liquidación seguido a Financial Pacific por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

"Riesen ordena la reorga nización e intervención y después con Hidrogo ordenan la liquidación forzosa de seguros La Floresta", denuncia el abogado querellante.

Sin embargo, Cruz indica que en un informe de Rita Camaño, directora de supervisión de empresas de seguros de la Superintendencia de Seguros, señala que si se le hubiera permitido culminar con el tiempo establecido en el proceso de regularización a la empresa, quizás los hallazgos se hubiesen podido subsanar.

"Posiblemente, si se hubiese cumplido con el término establecido, la situación financiera de la aseguradora (insuficiencias) pudo haberse corregido oportunamente, al igual que las deficiencias", manifestó Camaño al superintendente Alberto Vásquez.

De acuerdo con Cruz, lo señalado por Camaño deja en evidencia que las personas denunciadas "no respetaron el debido proceso" y ordenaron la liquidación forzosa de la aseguradora.

Liquidación que, según el jurista, fue ordenada para que su cliente no llegara a hacer una auditoría y descubriera los supuestos malos manejos en la liquidación.

"Mi cliente le debía 3 millones de dólares a la aseguradora en cuentas por pagar y el mismo hace un depósito de 3 millones 120 mil dólares, es decir cuando ellos ordenan la liquidación, la aseguradora tenía el 156% de solvencia", dijo.

En cuanto al caso de Diego Eleta, quien fue nombrado como presidente de la junta liquidadora y denunciado en este caso, el abogado Cruz indica que el mismo laboró en Seguros La Floresta, por lo que existe un conflicto de intereses, "algo que es ilegal".

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Como parte de este caso, Cruz solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra el Estado por la supuesta vulneración de derechos económicos, sociales y culturales de Oswaldo Karam Macía, al ordenar la liquidación forzosa de Seguros La Floresta.

Panamá América intento obtener una versión de José Joaquín Riesen sobre la denuncia en su contra, sin embargo el mismo no respondió a varias llamadas hechas la tarde de ayer por parte de este medio de comunicación social.

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