Panamá
Actualmente este monitoreo es realizado a unas 111 instituciones y 81 municipios de todo el país.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició en con este proceso. Archivo.
A partir del año 2023, unas 697 juntas comunales de todo el país, se incluirán dentro del monitoreo mensual de transparencia de los sitios web que realiza la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Actualmente este monitoreo es realizado a unas 111 instituciones y 81 municipios de todo el país.
Este anunció fue hecho por la directora general de Antai, Elsa Fernández, en la sesión del Consejo Provincial de Colón, que contó con la participación 43 representantes de corregimientos y sus equipos.
La funcionaria les ofreció a los presentes, los conceptos de la Ley 6 de Transparencia en la gestión pública y les recordó que toda información que emana del Estado es de carácter pública, por lo que debe garantizarse el cumplimiento de esta obligación, a fin de brindar el debido acceso a la información a todos los ciudadanos.
“La comunicación genera confianza y al tratarse del manejo de fondos públicos es fundamental ser transparente y rendir cuentas, promoviendo una gestión pública eficiente y eficaz, con su consecuente beneficio en favor del desarrollo local”, destacó.
La institución inició de esta manera un proceso de acompañamiento y capacitaciones para preparar, tanto a las autoridades locales como a los oficiales de información para iniciar con este proceso.
Lo que prosigue ahora es que se designen a las personas para esta labor y que los mismos el próximo año ya sean parte de este monitoreo en el que las entidades reportan el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley 6 de Transparencia.
Este anuncio de la Antai se da luego de que en noviembre pasado sancionara a seis servidores públicos por irregularidades administrativas, faltas al Código de Ética e incumplimiento del acceso a la información.
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Cabe indicar que los funcionarios que fueron sancionados son de la Junta Comunal de Puerto Caimito (Panamá Oeste), Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Lotería Nacional de Beneficencia y el Ministerio de Salud (Minsa).
Las sanciones impuestas en ese momento iban desde el 20% al 50% del salario mensual.
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