Judicial

Panamá

Elevan a causa compleja investigación contra exdirector de la AIG

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la necesidad de contar con seis meses adicionales para desarrollar las diligencias que todavía están pendientes y reunir nuevos elementos relacionados con el caso.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Jazmyn Jaén, concedió un plazo adicional de seis meses para culminar la investigación seguida contra Luis Oliva, exdirector de la Autoridad de Innovación (AIG), y otra persona por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado agravado.

Para conceder la prórroga, la juzgadora tomó en cuenta la complejidad y pluralidad de los hechos bajo investigación, además de la cantidad de personas imputadas en el proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la necesidad de contar con seis meses adicionales para desarrollar las diligencias que todavía están pendientes y reunir nuevos elementos relacionados con el caso.

Entre las actuaciones que deberá completar el Ministerio Público figuran inspecciones oculares, recopilación de información y análisis financieros, bancarios y periciales.

La solicitud fue objetada por la defensa técnica, que argumentó que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 502 del Código Procesal Penal para justificar una extensión del plazo de investigación.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por la fiscal Jenisbeth Malek, mientras que la defensa particular de una de las personas imputadas estuvo a cargo del abogado Carlos Eugenio Carrillo Villarreal.

 

El proceso se sigue por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado agravado, y busca esclarecer el origen de un incremento patrimonial detectado durante el ejercicio de funciones como servidor público.

La investigación tuvo su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que identificó un aumento patrimonial de B/.957,398.60 cuya procedencia no habría podido ser justificada.

Con los seis meses adicionales concedidos por el tribunal, el Ministerio Público podrá continuar las diligencias para profundizar en el análisis del patrimonio investigado y completar las actuaciones necesarias antes de concluir esta etapa del proceso penal.


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