JUDICIAL
Jerónimo Mejía, Harry Díaz y el resto de magistrados vinculados a la solicitud de extradición de Ricardo Martinelli, deberán pasar por una 'investigación exhaustiva e independiente', según fallo de la ONU.
Decisión de la ONU fue emitida a favor del expresidente Ricardo Martinelli
Como parte de la decisión emitida a favor del expresidente Ricardo Martinelli en el fallo del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se solicita al Estado panameño que se produzca una "investigación independiente" de todas aquellas personas que directamente tuvieron participación en la orden de su detención arbitraria.
En este sentido, el abogado Sidney Sittón, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, explicó que esto se refiere de manera puntual a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tuvieron que ver con dicha detención arbitraria, que se produjo a raíz de la "solicitud de extradición y de arresto con fines de extradición", fechada el 21 de diciembre de 2015.
En esa solicitud (contenida en la carpetilla 138-15) firmó como autoridad requirente Jerónimo Mejía, en su calidad de magistrado de garantías. Como magistrado fiscal aparecía Harry Díaz. En aquel momento la sesión fue presidida por el magistrado Hernán De León, actuando como relator el magistrado Wilfredo Sáenz.
Pero ahora, en el fallo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 2 de octubre de 2019, se concluye que la privación de libertad que se produjo en contra de Ricardo Martinelli fue arbitraria, pues violó artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y el dictamen contra Panamá en este caso es específico. Así lo expresa el documento: "El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Martinelli y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".
Para el abogado Sittón, esta "investigación exhaustiva e independiente" no puede darse desde el actual Ministerio Público (MP), en manos de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, quien también tendría que ser investigada por su grado de participación en los hechos citados. "El Estado tendría que producir mediante ley un ente que haga esta investigación", explica el jurista.
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El abogado Alejandro Pérez, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, advirtió ayer que a pesar del fallo del Consejo de Derechos Humanos que alerta sobre violaciones a los derechos del exmandatario, el Ministerio Público todavía pretendía violentar un derecho más: el principio de especialidad que ampara a Martinelli.
Pérez recordó que la semana pasada el MP canceló dos audiencias donde solicitarían "excepción" a este principio, y señaló que estarán alerta para cualquier intento de nuevos embates contra las garantías de Martinelli.
Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario, indicó que en lista para esta investigación deben estar los magistrado Jerónimo Mejía y Harry Díaz. Pero también la procuradora Porcell, y los uniformados "Picuiro" López, Jacinto Gómez, entre otras personas.
Y adicional a esta investigación -remarca el abogado Sidney Sittón- el gobierno panameño está obligado a publicar el fallo, a ponerlo en conocimiento del Ministerio Público y del Órgano Judicial, y a difundirlo a través de todos los medios electrónicos, físicos y digitales del Estado.
Vale recalcar que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, compulsó copia de su fallo (que es vinculante en Panamá) al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y también envió copia al Consejo de Derechos Humanos.
"Siempre dije que el proceso contra Ricardo Martinelli fue una extorsión salvaje, y no me equivoco, allí está el fallo de la ONU que lo confirma", concluyó Sidney Sittón.
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