Juzgado decide si otorga prisión domiciliaria a Portugal

En la tarde este miércoles, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, se celebrará la audiencia de cumplimiento para decidir si Patria Portugal se le concede prisión domiciliaria.

Portugal se encuentra recluida en la cárcel de Llano Marín, desde el 12 de julio, y tiene pendiente una revisión de pena en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras la condena por peculado a ocho años de prisión.

Sus familiares se encuentran preocupados por la actitud que ha tomado la fiscalía, luego que el pasado 21 de julio, cuando se resolvía un hábeas corpus correctivo a su favor, esta instancia fuera contundente en rechazar todos los recursos que se presentaran, como el derecho a que se le permitiera llevarle alimentos al penal, ya que es paciente celiaca.

“Están dispuestos a que se muera”, afirmó su hijo, Román, quien informó que para la audiencia de cumplimiento, la defensa presentará toda una serie de documentos que certifican los padecimientos que sufre Patria para que pueda ser beneficiada con casa por cárcel, mientras se resuelve su proceso legal.

Portugal se atiende con cirujanos vasculares, ya que padece de insuficiencia venosa crónica, lo que requiere el uso de medias de elastocompresión y terapia funcional.

Además, también asiste a un neurólogo por su parálisis facial, además de medicina interna, por tener hipertensión arterial y colesterol alto.

Adicional, es alérgica a las sulfas y gluten, por lo que requiere una alimentación especial que se le negó en la audiencia del 21 de julio.

Estas y otras certificaciones médicas procedentes de la Caja de Seguro Social (CSS) serán presentadas por su defensa para tratar de cambiar la pena de prisión que actualmente cumple.

Román reiteró que según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favoreció a su madre y condenó al Estado por la desaparición de Heliodoro Portugal, este tiene que garantizar la salud física y psicológica de Patria, como víctima.

Patria Portugal fue condenada por peculado, a pesar de que no existe documento alguno que indique que hubo lesión patrimonial en el contrato que se cuestiona, incluyendo dos auditorías de la Contraloría General.

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