Los contactos entre la procuradora Kenia Porcell y el bufete Foley Hoag LLP se realizaron cuando la Corte Suprema de Justicia manejaba el caso.
Kenia Porcell hablaba con bufete contratado por Juan Carlos Varela para extraditar a Ricardo Martinelli. Foto: Panamá América.
Los abogados de la firma norteamericana Foley Hoag LLP, contratada por el entonces presidente Juan Carlos Varela, con el objetivo de extraditar al exmandatario Ricardo Martinelli, mantenía contacto directo con la actual procuradora de la nación kenia Porcell, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores tramitaba la acción legal, a pesar de que había perdido competencia y era la Corte Suprema la que llevaba el caso.
Pero además de los intercambios con Kenia Porcell, esos mismos abogados sostuvieron encuentros con fiscales panameños.
Lo suspicas de esos encuentros es que, se realizaron justamente cuando el proceso contra Ricardo Martinelli, por presuntas escuchas telefónicas, estaba siendo manejado por la Corte Suprema de Justicia y no por el Ministerio Público.
El dato se desprende del documento oficial del contrato por cerca de millón de dólares que pagó el Estado panameño al bufete americano y que fue proporcionado a esta redacción por una fuente confidencial.
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La fuente comentó que el equipo legal de Ricardo Martinelli analiza minuciosamente los documentos del convenio jurídico-económico que fue pagado en su momento con fondos de la Cancillería a cargo de Isabel Saint Malo.
También trascendió que las autoridades panameñas pudieron haber incurrido en la presunta comisión de una serie de delitos en la contratación de aquella firma de abogados. Esos datos se publicarán mañana lunes en nuestra edición impresa.
La ruta de la extradición de Ricardo Martinelli
El 1 de junio de 2016, la Cancillería a cargo de Isabel de Saint Malo instruyó al embajador en Washington, Emanuel González Revilla para firmar un contrato con la firma norteamericana Foley Hoag LLP para gestionar la extradición de Ricardo Martinelli.
El contrato fue firmado tres meses antes que la propia Cancillería enviara la documentación al Departamento de Estado de los Estados Unidos para formalizar la extradición del exgobernante, trámite que se realizó el 26 de septiembre, o sea en junio de ese mismo año.
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El contrato se extendió por dos años y medio. Los desembolsos alcanzaron la suma de $987,053.92. Hubo pagos todos los meses hasta después de junio de 2018, cuando Ricardo Martinelli optó por aceptar la extradición.
La información se había mantenido en secreto y se supo tras informes provenientes de Perú, donde se reveló que el gobierno de ese país contrató al mismo estudio de la extradición de Martinelli, para tramitar un pedido similar contra el exgobernante Alejandro Toledo. En Perú hubo una publicación informando sobre el contrato.
Foley Hoag además se llevó otra gran suma por ser los abogados de la Autoridad del Canal de Panamá ante los reclamos del Grupo Unidos por el Canal.
La firma norteamericana ha representado al gobierno de Venezuela en un arbitraje que la minera canadiense Cristallez interpuso contra la petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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