La Procuradora de la Nación, Kenia Porcell, dejó sin acceso a las nuevas autoridades, los datos e investigaciones que realizaron agentes de la DIJ durante el gobierno de Juan Carlos Varela.
Kenia Porcell y su temor por el movimiento de detectives de la DIJ en el Ministerio Público. Foto: Panamá América.
Las declaraciones de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en donde denunció que Manuel Castillo, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) removió a más de 20 policías de las diversas fiscalías, han dejdo en evidencia que el gobierno anterior creó una procuraduría paralela para perseguir, aseguraron fuentes jurídicas y políticas.
La mañana de este viernes 19 de julio, la jefa del Ministerio Público fue cuestionada por los medios de comunicación. En esas declaraciones Kenia Porcell aseguró que Manuel Castillo trasladó a una veintena de funcionarios de la DIJ, desde las oficinas del Ministerio Público, hacia la Policía Nacional, institución a la que por ley pertenecen.
Según Kenia Porcell, ese personal de la DIJ estaba detrás de las investigaciones de alto perfil, en donde se han procesado a varias figuras políticas de la administración de Ricardo Martinelli.
Pero hay un punto de quiebre en sus palabras que ahora mismo son tema nacional y tendencia en redes sociales.
Lo que ella ha denominado como una seguidilla recurrente de presiones para que deje el cargo, ha sido analizado por otros sectores, como una muestra calra de que el gobierno de Juan Carlos Varela creó un aparato siniestro, para armar y montar persecución contra todos sus enemigos y detractores políticos, mejor conocida como la Procuraduría Paralela.
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Lo primero que hicimos fue remitirnos al blanco y negro que permanece en los parámetros de la ley. En este sentido, el jurista Carlos Carrillo dijo que no hay explicaciones de cómo funcionarios de la Policía Nacional relicen labores de fiscales.
"Desconozco cómo administrativamente están funcionarios de la Policía Nacional haciendo investigaciones. Eso lo prohíbe el Código de Procedimiento Penal. Debieron estar en licencia por lo menos", comentó Carlos Carrillo.
Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli fue más directo. Afirmó que este es el primer paso de destruir la mencionada porcuraduría paralela.
"Kenia Isolda Porcell, la procuradora perseguidora, llorando porque le están desmantelando la procuraduría paralela, desde donde se persiguió políticamente, desde donde se armaron expedientes chimbos y además, protegió a sus secuaces, mirando para otro lado. Entrando en pánico; al sentir que le respiran en la nuca".
La exministra de trabajo Alma Cortéz acuerpa las palabras de la fuente anterior... ella considera que se debe iniciar un proceso en contra de Kenia Porcell porque siguió órdenes directas del entonces presidente Juan Carlos Varela y del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López.
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"Con esta publicación debe abrir una investigación contra Kenia Porcell y contra el ex perseguidor, contra todos sus ministros y asesores, así era como montaban todos los procesos contra los miembros de Cambio Democrático", opinó Alma Cortéz.
Pero eso no es todo. En diciembre de 2018 el Gobierno de Juan Carlos Varela reconoció a través de un comunicado de prensa que fue necesaria la contratación de varios buefetes de abogados nacionales e internacionales para darle seguimiento a los procesos judiciales donde eran mencionados funcionarios de la era Ricardo Martinelli.
Según el comunicado, se hizo para "recuperar lo que fuera posible del patrimonio y ordenar la Administración Pública", por lo que reunió apoyo profesional de varias firmas reconocidas de abogados.
En aquella ocasión el gobierno de Juan Carlos Varela contrató a las firmas nacionales Tapia, Linares y Alfaro; Icaza, González Ruiz y Alemán, y Morgan & Morgan, entre otras. Todas fueron empleadas para trabajos de la Presidencia de la República. Del extranjero se solicitó los servicios de Hogan Lovells, Shearman y Sterling y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Ministerio de Seguridad Pública da su versión
El Ministerio de Seguridad (Minseg), a cargo de Rolando Mirones, emitió una nota de prensa en la que aclaró lo sucedido dentro del Ministerio Público.
En ese documento el Minseg confirmó que sí había personal de la DIJ trabjando dentro del Ministerio Público como investigadores especiales, pero que una vez hubo cambio de gobierno, la propia procuraduría sacó a esos agentes y que incluso se cerraron todos los accesos a las nuevas autoridades de la información realizada por esos detectives durante los cinco años de la gestión varelista.
"La Policía Nacional tenía un equipo de 18 personas asignadas al Ministerio Público, reiteramos que sólo se enviaron 4 personas de vacaciones; es decir, los 15 policías investigadores restantes fueron sacados de la oficina (Ministerio Público) en la que laboraban, les bloquearon el acceso al trabajo sin explicación sustentada, una acción que impidió a las nuevas autoridades conocer la información policial y los antecedentes de todo lo que hicieron por 5 años los policías asignados al Ministerio Público".
El Ministerio de Seguridad añadió que no le quitaron apoyo de investigación a la procuraduría sino que se hicieron reemplazos debido a que muchos de esos investigadores de la DIJ acumulaban vacaciones de hasta cinco años.
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