'Manipulación de la justicia por el Gobierno a través de Chi Rivera afecta el Estado de Derecho'

El hecho que el Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo utilicen al asesor presidencial 1, Elio Chi Rivera como brazo ejecutor dentro del Órgano Judicial y el Ministerio Público, atenta contra el Estado de Derecho, promueve la inseguridad jurídica y al final el sistema de justicia no funciona.

El planteamiento es hecho por juristas que cuestionan que la administración Cortizo-Carrizo esté usando intermediarios para presionar a jueces, magistrados y funcionarios del Ministerio Público para influir en los denominados casos de alto perfil.

En ese sentido, el jurista Alejandro Pérez, es de la opinión que "las garras de la Presidencia de la República están metidas por todos lados en los procesos judiciales de Ricardo Martinelli, esto es horrible".

"Nosotros pensábamos que con el cambio de Gobierno el 1 de julio en el 2019, el presidente y su vicepresidente iban a respetar la justicia, no iban a interferir en la justicia, no iban a manipular los casos y se iba a cesar la persecución política, pero esto ha sido peor, estos tipos meten por todos lados las manos, influyen sobre la jueza Baloísa Marquínez, tienen como testaferro a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, manipulan todo en aras de tratar de impedir que Ricardo Martinelli sea candidato presidencial, con unos expedientes de procesos chimbos que no tienen asidero jurídico, con el caso Odebrecht que está totalmente prescrito hace cinco años", señaló Pérez.

Destaca el letrado que: "A mi no me sorprende que este tipo Elio Chi Rivera, sea intermediario de Gaby Carrizo, Nito Cortizo, Roy Cortizo y toda esa gente en el sistema de justicia, que vayan a los juzgados, a la Corte, que hablen con la presidenta de la Corte para entorpecer los procesos y buscar todo tipo de subterfugio jurídico para que continúe la arbitrariedad jurídica en contra de Ricardo Martinelli".

En tanto, el jurisconsulto, Luis Eduardo Camacho González considera que la situación es grave desde el punto de vista de las violaciones que se están cometiendo contra Ricardo Martinelli, donde es evidente que al ser el candidato que se vislumbra como el futuro presidente de la República se toman decisiones de este tipo que van encaminadas a tratar de afectar su candidatura.

"Cuando se abre la puerta a este tipo de situaciones, también se abre a otras, donde se pone en peligro las inversiones de personas que quieran venir a Panamá, porque nadie quiere ir a un país donde no existe justicia", resalta.

Agrega que este tipo de hechos donde hay la interferencia de un tercero dentro de la justicia, es lesivo porque se supone que el sistema de administración de justicia debe ser independiente, "pero cuando se evidencian manipulaciones de otros órganos del Estado en el sistema de administración de justicia nos afecta como país, no solamente en el tema que se está viendo en este momento, sino en el tema de las inversiones, porque uno de los factores que todo inversionista toma en consideración para invertir en un país es la solidez del sistema de administración de justicia".

"Así como ocurre en lo político imagínate en otros aspectos, tenemos a personas que de una u otra manera son señaladas como que controlan el sistema de administración de justicia y esto no es nuevo, ya desde el gobierno de Juan Carlos Varela se viene hablando del Club La Llave, que era un grupo de personas que arreglaban fianzas, arreglaban procesos. Siento que eso de alguna u otra manera debilita la institucionalidad del país afecta el grado de inversión y afecta también la inversión extranjera", expresa Camacho González.

Chi Rivera, el segundo funcionario mejor pagado del Ministerio de la Presidencia, ha sido identificado como el supuesto brazo ejecutor del vicepresidente de la República y candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, dentro del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Fuentes judiciales confirmaron que Chi Rivera es supuesto enlace del vicepresidente Carrizo con jueces y magistrados que llevan los llamados casos de alto perfil.

Bajo esta estructura Carrizo habría logrado tener control sobre los expedientes y fechas de juicios dentro de los tribunales como parte del plan de persecución judicial contra figuras que representan un obstáculo en su carrera presidencial en las elecciones de 2024.

Chi Rivera estaría detrás de las presiones en los procesos de New Business y Odebrecht, donde se ha denunciado la figura de extorsión de testigos protegidos y una serie de violaciones al debido proceso. Todas las gestiones dirigidas a sacar de competencia a Ricardo Martinelli, quien lidera ampliamente todas las encuestas como candidato a la Presidencia de la República.

Los tentáculos de Chi supuestamente llegan hasta la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López y la jueza Baloísa Marquínez.

En el plano político, Chi Rivera llegó a convertirse en el brazo ejecutor de Carrizo en el Órgano Judicial por su cercanía con el secretario general del PRD, el exdiputado Rubén De León, otro de los actores principales en el plan de persecución de Carrizo contra Martinelli y sus allegados.

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