Ministerio Público busca saciar venganza en el caso de la Caja de Ahorros

El comentarista Juan Carlos Tapia consideró que la intención del Ministerio Público de llevar a casación el sobreseimiento dictado por el Juzgado XIV y el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el caso de la Caja de Ahorros (CA), parece más bien una intención de "saciar venganza".

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Esa casación solo provocará que por año y medio las 22 personas que han sido sobreseídas por dos instancias, tengan que subir y bajar escaleras y pagar abogados, para que luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirme las sentencias proferidas.

En ese caso se probó que no hubo lesión patrimonial, el préstamo a HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador se pagó y la CA tuvo ganancias, pero se metió a gente inocente en prisión, sostuvo el comentarista de boxeo.

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Ahora la fiscal Tania Sterling y la procuradora Kenia Porcell siguen insistiendo en un caso, donde parece que no hay justicia, sino deseos de venganza, sustentó Tapia.

Sostuvo que si la fiscal Sterling y la procuradora Porcell pagaran de sus bolsillos y no de los fondos del Estado, el seguir en ese proceso, de seguro que sería otra su actitud.

A criterio del comentarista, ese tiempo y esos recursos que gastan en un caso donde no hubo delito, lo deberían destinar a investigar a los del círculo cero del gobierno varelista.'

22

personas han sido sobreseídas.

A inicios de mes, el Segundo Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado XIV dictaron sobreseimiento a Riccardo Francolini; al exgerente de la CA, Jayson Pastor; así como a los exdirectivos del banco: Ricardo Chanis, Rodrigo Arosemena, Ricardo Arango, Fernando Correa, Anastacio Ruiz y otras 15 personas.

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Riccardo Francolini permaneció cerca de nueve meses detenido injustamente por este proceso instruido con base en una noticia del diario La Prensa.

En agosto de 2018, la juez Vilma Urieta destacó que los fiscales Sterling y Adecio Mojica no acreditaron el hecho punible, ni se demostró que hubo lesión al patrimonio del Estado. Ahora los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmaron que no hubo delito.

El caso se inició tras un préstamo por $9 millones que en enero del 2013 otorgó la CA al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, el cual tenía como garantías un terreno en Chepo valorado en $24 millones y fianzas por $390 millones.

Otros investigados y sobreseídos son: West Valdés, Felipe Virzi, Elyonor V. Samudio, Jairzon Lemer Hurtado, Tobías G. Garrido, Manuel Morales Diez, Iván R. Clare, Ricardo Calvo, Claudio Poma, Voldy Ivon Wedwmwyer, Eric Quintero, Luis Jafet Díaz, Luisa Sánchez y Rolando López.