Panamá cuenta con 675 jóvenes privados de libertad

Hasta octubre de este año, la población penitenciaria juvenil de Panamá asciende a 1,207, según datos estadísticos del Ministerio de Gobierno.

De este total, 675, es decir, el 56% se encuentran privados de libertad, mientras que 362, el 30% están en centros de cumplimiento.

Por su parte, 532 cuentan con sanciones y medidas alternas a la privación de libertad. 

El departamento de Sanciones y Medidas No Privativas de Libertad (SMNPL) del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) sigue trabajando en los programas resocializadores beneficiando a un aproximado de 329 jóvenes en conflicto con la Ley Penal y 98 familiares a nivel nacional.

Utilizando las plataformas digitales, los dispositivos portátiles y demás medios tecnológicos para mantener la comunicación con los jóvenes, el departamento ha brindado la atención a la población bajo medidas alternas a la privación de libertad.

Igualmente, se continúa con las orientaciones, intervenciones individuales, pruebas psicológicas, informaciones sobre las audiencias de revisión, informes a los juzgados, los Programas: Jóvenes Adultos, Ofensores Sexuales, Solo Es Mejor, Farmacodependencia y Tejiendo Vínculos, entre otros.

“Este es un proceso pedagógico resocializador ininterrumpido, por lo que utilizamos las estrategias necesarias para poder continuar, buscamos que los muchachos no pierdan ese avance que han logrado", manifestó Celina Bennett, jefa de SMNPL del IEI.

Añadió que es necesario que sigan recibiendo ese apoyo para fortalecer la rehabilitación, mantener el contacto es esencial, conviene que sepan que hay un equipo técnico especializado interesado en el bienestar de cada uno de ellos, todo eso contribuye al logro de la sana resocialización.

Por su parte, Yeira González, psicóloga de SMNPL, indicó que al llegar los jóvenes al departamento se les efectúan las evaluaciones cuyos resultados revelan las situaciones que han vivido o están viviendo, basándose en lo que se les incluye en los diferentes planes.

“Esto debe ser constante porque los programas mantienen sesiones, es allí donde logramos los cambios de comportamiento y que puedan tener alternativas de solución dentro de los conflictos y de igual manera logren ser funcionales en todas las áreas, ya sea familiar, educativa o laboral”, enfatizó González.

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