'Pandillas dejan secuelas de crímenes atroces en Panamá'

La madrugada de este viernes se tiñó de sangre cuando un presunto sicario abrió fuego contra miembros de una peligrosa banda criminal, denominda 'Los Galácticos', dentro de un local comercial, dejando como saldo cinco muertos y otros tantos heridos.

No era el único crimen que se reportaba a primeras horas de la mañana, en la Vía Centenario autoridades del Ministerio Público (MP) levantaban tres cuerpos con evidentes signos de ejecución; horas antes, criminalística buscaba a los responsables de un acto de sicariato registrado en el corregimiento de Betania, en plena vía pública. 

El incremento de las actividades delictivas por parte de las pandillas no es un tema de percepción, así lo explicó el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas.

Murgas reconoce que en los últimos años se están despertando los delitos, y más aún los relacionados con el tráfico de drogas. 

La evolución de las pandillas en los últimos años es tema de estudio por parte de las autoridades, principalmente por la influencia que está teniendo el crimen organizado internacional.

Para el 2015, cuando se creó la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en Panamá operaban cerca de 260 pandillas. En la actualidad existen entre 140 a 160 pandillas constituidas en el territorio nacional, detalló el  fiscal contra la Delincuencia Organizada.

Panamá, Colón y Panamá Oeste son las provincias donde mayormente se ha incrementado la actividad de estas organizaciones criminales, aunque para el fiscal Murgas, no se puede  descartar la presencia de pandillas en todas las provincias. 

Para ese entonces, las pandillas estaban relacionadas con delitos comunes como hurtos y robos, principalmente en el área donde residían. En los últimos años, se ha incrementado la gravedad de los delitos relacionados con secuestros, sicariato y el tráfico internacional de drogas.

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Murgas sostiene que esa lucha por el control territorial, por el ingreso y envió de drogas a nivel internacional está dejando una secuela de crímenes atroces que han sido investigados por el Ministerio Público, y sus brazos auxiliares como lo es la Policía Nacional. 

En la memoria del panameño aún sigue latente la denominada 'Masacre de La Joyita', uno de los hechos más sangrientos registrados en un sistema penal. En este evento, 12 privados de libertad del Pabellón No. 14 fueron masacrados en el 2019, en un enfrentamiento de bandas rivales identificadas como Bagdad y MOM. 

Semanas después ya se hablaban de secuelas, cuando una familia fue masacrada en Arraiján, entre ellas, un menor de edad. En el 2020, otras tres personas fueron ejecutadas en el sector de Chumical, en Vacamonte, en el distrito de Arraiján.  Ese mismo año, se reportó otro triple homicidio ocurrido en los manglares en el corregimiento de El Líbano, en el distrito de Chame. 

Las acciones judiciales tampoco se han detenido, en lo que va del 2021 las autoridades han realizado unos 343 allanamientos, logrando la captura de 89 personas vinculadas a homicidios, la cifra más alta desde el 2016 cuando entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA), indicó el  Fiscal Superior de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, Rafael Baloyes.

En el 60% de estos casos, ya hay personas vinculadas y procesadas, indicó.

En tanto, el director general de la Policía Nacional, John Omar Dornheim Castillo, reporta 1,769 armas de fuego que fueron sacadas de las calles, y que estaban en manos de delincuentes. 

Judicialización y la figura de acuerdos de pena en el crimen organizadoLas investigaciones con relación a pandillerismo son complejas, de seguimiento y vigilancia, en la que la sociedad forma parte importante como objeto de estos crímenes, aclaró el fiscal Murgas.

La norma establece que el acuerdo de pena es una figura que puede ser propuesta por el Ministerio Público a partir de la imputación de cargo o a solicitud de la defensa y con el aval del imputado. 

Murgas señaló que en cada caso de persona que es imputada, se logra identificar al grupo criminal, así como su participación en la misma, y todo eso se le plantea al imputado y a la defensa. La mayor parte de estos  acuerdos de pena son por colaboración por entrega de armas. Muchas de estas personas tienen información de quiénes integran las pandillas, dónde esconden las armas y las sustancias ilícitas, detalló. 

En el 2021, unas 217 personas han sido condenadas, algunas de ellas con sentencias del Sistema Inquisitivo Mixto con audiencias pendientes del sistema antiguo, y un aproximado de 90 acuerdos de penas de personas procesadas por el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

No obstante, Murgas reconoce que durante el 2019 se tomaron decisiones equivocadas que obligaron a cerrar carpetas, lo que obligó a bajar la parte operativa del despacho. La pandemia representó un retraso en el engranaje operativo, indicó.

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