El supuesto equipo que da seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades y hasta cuentas bancarias no sorprende a voces consultadas, debido a que el MP 'está controlado por militares'.
Kenia Isolda Porcell, procuradora general de la nación, ha guardado silencio ante la adquisición de ese equipo. Foto de archivo
Una inspección ocular se debe hacer al Ministerio Público (MP), luego de que se conociera que supuestamente esta institución contrato un aparato tecnológico llamado "Metabuscador" para darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que se le ingrese a su base de datos.
Esto, para comprobar sin en realidad existe tal equipo de tecnología, ver de que manera se compró y con que finalidad.
Para el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, este tipo de actuaciones no contempladas por el procedimiento constitucional y legal de nuestro país, son inaceptables e inadmisibles.
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Considera que este tipo de actos debe ser investigado y sancionado, aún cuando no le sorprende, ya que el Ministerio Público ha estado bajo el control de los militares que allí laboran y bajo el control del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en un claro acto de extralimitación de funciones y abuso de autoridad.
La responsabilidad, según Bernal, recae bajo las personas de Juan Carlos Varela, la procuradora Kenia Porcell y la complicidad de su equipo de trabajo.
"De acuerdo con el procedimiento, este tipo de actos debe ser investigado por el procurador de la Administración, Rigoberto González, pero no creo que haga nada y dudo de que pase eso, ya que estamos en el reino de la impunidad", manifestó el jurista.'
La procuradora Kenia Porcell firmó el contrato (SDAS-DL-322-2017) con la empresa Inntec System el 14 de junio de 2017, pero según fuentes de la institución, el equipo y sus software se encontraban funcionando desde diciembre de 2016.
De acuerdo a información obtenida, en el Ministerio Público también se utilizan otros supuestos sistemas para obtener información. Uno de ellos es conocido como BB-2 y mantiene una base de reconocimiento por fotos y otras facilidades.
En las instalaciones del Avesa, también funcionaría un sistema de reconocimiento facial que permite recolectar información, en tiempo real, de las personas que ingresan al edificio.
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Otro de los que coincide con que este tipo de acto dentro del MP debe ser investigado, es el excandidato presidencial y economista, Juan Jované.
"Yo creo que eso amerita una investigación, porque realmente pareciera ser un aparato que de alguna u otra manera puede hackear las computadoras de las personas y realmente eso iría en contra del derecho de las personas a la intimidad, ya que allí se pudieran estar viendo cosas que pueden pertenecer al interés de una persona y su familia", indicó Jované.
El excandidato presidencial agregó que también se habla que este equipo puede darle seguimiento a las cuentas bancarias de las personas, lo que iría en contra del secreto bancario.
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"Yo creo que esto es un caso grave de perdida de los derechos humanos de la población, por lo que creo que habría también que realizar una inspección en el Ministerio Público", enfatizó el economista.
Luego de que se conociera la existencia de este supuesto Megabuscador, hasta la fecha el MP no ha emitido algún comunicado sobre el tema.
"Llama la atención que el MP no ha dicho nada de esta información, yo no se si le toca a la Asamblea Nacional o la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero alguien debería hacer esa investigación, para ubicar si está el aparato, como se compró, para que sirve; esto para que haya transparencia en la información de lo que está pasando en el país", señaló Jované.
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De acuerdo a la información, el monto del contrato fue de 610 mil dólares por el suministro de programas (software) y equipos (hadware).
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