Roberto Ayala, diputado del distrito de La Chorrera, pidió ayer al Ministerio Público que actúe con mano firme en contra de los funcionarios del Gobierno anterior que resulten involucrados en la venta irregular de un globo de terreno del hospital Nicolás A. Solano, ya que no descarta que hayan involucrados testaferros.

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Ayala también solicitó al recién nombrado director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que derogue la adjudicación del terreno de 3 hectáreas, que fue otorgado a un precio irrisorio a un particular identificado como Francisco de la Cruz Montero.

"El único tesoro que tenemos en La Chorrera son esas 65 hectáreas de tierra', dijo el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La venta por parte de la Anati ha causado indignación entre las autoridades de Salud y la población chorrerana, que desde hace cinco años trabajan en un plano para la construcción de un centro materno infantil en estos terrenos.

En medio del llamado a sus colegas del circuito 8-5 a que se unan en beneficio del hospital, Ayala solicitó a la Anati una inspección en dichos terrenos y otras 9 hectáreas que desde hace algunos meses también fueron invadidas por más de 300 familias precaristas que reclaman derecho posesorio sobre las tierras, de las cuales fue despojado el hospital Nicolás A. Solano, por parte de la pasada administración de la Anati, bajo la gestión del expresidente Juan Carlos Varela.

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Durante el periodo de incidencia del pleno de la Asamblea Nacional, Ayala dejó claro que tanto la población como las propias autoridades conocen del perfil de los funcionarios y de los particulares que están detrás de la venta de las tierras, cuyo costo de mercado estaría por el orden de los 200 dólares por metro cuadrado y que fue rematado por la Anati a un precio de 4.50 dólares por metro cuadrado.

Se conoció que la resolución de la Anati, AMG-084-2019, en la que se adjudica el globo de terreno, que era propiedad de la nación, fue firmada por el administrador encargado de la Anati, Adolfo Norian, y el secretario Ad-Hoc, Hernán Tuñón.

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Ya se han presentado denuncias penales por parte de grupos organizados, tras detectar que los trámites para quitarle el terreno -calificado de lote baldío de la nación- al hospital Nicolás Solano se iniciaron en 2014, bajo la gestión de Carlos González, exadministrador de la Anati.

El alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, también acordó solicitar al Ministerio Público una investigación transparente y efectiva del tema.

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