Una jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la reprogramación de la audiencia de prórroga dentro del proceso seguido a la denominada operación "Pandora", en la que se investiga una presunta lesión patrimonial al Estado de aproximadamente 40 millones de dólares en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La diligencia fue fijada para el próximo lunes 28 de diciembre de 2026, a las 10:30 a.m., en la sala No. 3 del recinto judicial. La postergación del acto se debió, según las autoridades, a la inasistencia justificada de uno de los defensores técnicos particulares de los imputados, quien se encontraba atendiendo otra diligencia judicial programada previamente.
En esta sesión, la representación del Ministerio Público (MP) estuvo a cargo del fiscal Dagoberto Alvarado, de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Por su parte, la querella contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de una de las empresas afectadas, mientras que la representación legal de los procesados recayó en abogados de la defensa particular.
La investigación penal se remonta al año 2024, cuando mediante la operación Pandora las autoridades aprehendieron a exfuncionarios de la DGI y a particulares presuntamente vinculados a una red criminal dedicada al fraude fiscal y la alteración de información dentro de la entidad.
El esquema delictivo investigado se fundamenta en la manipulación indebida de la plataforma informática e-Tax 2.0, el sistema oficial utilizado por la DGI para la gestión, cobro y fiscalización de los impuestos en el país.
Según las investigaciones del MP, los involucrados presuntamente vulneraron los accesos y registros con el objetivo de alterar el estado de cuenta de diversos contribuyentes.
A través de esta alteración tecnológica, se habrían generado, reconocido o transferido de forma irregular créditos fiscales a favor de terceros. Los créditos fiscales son saldos a favor o incentivos tributarios que la legislación otorga a empresas o contribuyentes y que pueden ser utilizados para compensar el pago de futuros impuestos o ser cedidos en el mercado financiero.
Al acreditar falsamente estos saldos o extinguir deudas tributarias existentes mediante datos manipulados en el e-Tax 2.0, los involucrados habrían privado al Tesoro Nacional del ingreso real de millones de dólares en concepto de impuestos, consumando así la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, la fe pública, el orden económico y la administración pública.
