El magistrado Efrén Tello decidió suspender provisionalmente dos decretos que facultaban a funcionarios nombrar personal en base a su experiencia laboral sin tener título universitario.
El abogado Ernesto Cedeño interpuso una demanda de nulidad contra las resoluciones del Ejecutivo. Foto: Panamá América.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de los polémicos deretos ejecutivos N° 69 de 6 de agosto de 2019 y el 84 del 9 de septiembre de 2019 que equiparaba la experiencia laboral en el sector público.
El magistrado Efrén Tello, suplente de Luis Ramón Fábrega, resolvió la demanda de nulidad que había sido interpúesta por el abodado constitucionalista Ernesto Cedeño.
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En su edicto, el togado Efrén Tello, representando a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó la suspensión inmediata de dichos decretos hasta que se resuelva el recurso legal que Ernesto Cedeño presentó a la secretaría del supremo panameño.
La resolución 69 busca equiparar la educación formal con la experiencia laboral previa... dicho de otra forma, el jefe de equis institución tendría la facultad de nombrar a una persona con 20 años de experiencia en un cargo superior aunque existieses otros aspirantes con preparación universitaria.
Tras publicarse en Gaceta Oficial el tema generó críticas, sobre todo entre académicos de las distinas univesridades estatales.
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Por ejemplo, la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá (UP) manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno de equiparar la educación formal con la experiencia laboral previa, al momento de nombrar funcionarios en la estructuras del Estado, pidiendo además, que se derogue el decreto de Gabinete.
"La exigencia de poseer un título universitario permite contar con un profesional preparado para desarrollar las competencias necesarias para un adecuado desempeño laboral".
Luego de la oposición de varios sectores sociales del país el vicepresidente José Gabriel Carrizo declaró que el decreto busca hacer justicia con funcionarios que han dedicado su vida al sector público y que por alguna razón no pudieron obtener un título universitario.
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"Se pretende "hacer justicia" con los funcionarios que no alcanzaron un título universitario pero por sus años de experiencia tendrían el conocimiento para ocupar cargos en el sector público.
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