La Defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, afirmó hoy que un juez debe decidir si la redistribución de la píldora del día siguiente, ordenada esta semana por el Gobierno, va en contra de una disposición dictada por el Tribunal Constitucional (TC).
Tras clausurar un seminario sobre la cuota electoral de género en Perú, Merino exhortó al Ministerio de Salud y al TC a que resuelvan sus divergencias ante un juez de primera instancia que fue encargado de determinar si es viable la redistribución este método anticonceptivo.
El pasado 8 de marzo, el Gobierno ordenó que se vuelva a distribuir el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido como píldora del día siguiente, luego de que un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalara que no tiene efecto abortivo.
Una resolución ministerial reincorporó la píldora al Programa de Planificación Familiar estatal, cinco meses después de que el TC ordenara dejar de distribuirla ante la falta de comprobación de que no tenía efecto abortivo.
Cuando se conoció esa decisión del alto tribunal, la Defensoría del Pueblo manifestó sus discrepancias, aunque ahora considera que las divergencias deben resolverse ante un juzgado.
En opinión de Merino, las resoluciones del TC deben cumplirse en cualquier Estado democrático.
Dadas las divergencias entre el Ministerio de Salud y el TC, el juez competente deberá dilucidar el "beneficio de toda la sociedad peruana" y emitir un fallo que podrá ser a su vez impugnado y eventualmente revisado, según la Defensora.
"No considero conveniente aportar más opiniones que generen más conflicto", agregó.
La que sí se posicionó en contra de la redistribución de la píldora del día siguiente fue la Conferencia Episcopal peruana, que en un comunicado lamentó el "desacato" de la sentencia del TC, sustentada en que "el derecho a la vida del concebido se veía afectado por acción del citado producto".
Según el organismo de la Iglesia católica, esta cuestión es un tema de soberanía nacional "más que de índole confesional".
