La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy la ley de Servicio Público y el código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que deberán ser estudiadas por el Ejecutivo para su ratificación o veto.
La ley de Servicio Público fue aprobada con el voto a favor de 108 legisladores, dos en contra y nueve abstenciones, precisa un comunicado de la Asamblea Nacional.
Dicha norma, que reemplaza a la antigua Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), busca el desarrollo profesional de los servidores públicos para mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos y la productividad en el Estado, añade el texto.
Este cuerpo legal está compuesto por 137 artículos y 38 disposiciones, distribuidas en doce títulos y un total de 24 capítulos.
"La aprobación de esta ley, que regula la relación de los servidores públicos con el Estado, responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana", agrega el texto oficial.
La nueva reglamentación, entre otros aspectos, permite a los extranjeros que residan en el país por, al menos, cinco años, prestar sus servicios como empleados públicos.
Asimismo, obliga a las instituciones públicas a contratar a un mínimo del 5 por ciento de personas con discapacidad y permite a los profesores de universidades públicas dictar cátedra en varios centros de enseñanza superior.
Además, la ley incorpora una "evaluación anual" a los servidores públicos e incluye a militares y policías, aunque éstos no pierden sus derechos a recibir condecoraciones y reconocimientos.
Por otra parte, el pleno de la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece la conformación política y administrativa territorial del Estado, así como los niveles de gobiernos autónomos, descentralizados y regímenes especiales.
La ley, que consta de 499 artículos, prevé el desarrollo de un modelo de descentralización "obligatoria y progresiva", a través de un sistema nacional de competencias.
El legislador oficialista Virgilio Hernández aseguró que la norma se rige "por los principios de unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana y sustentabilidad del desarrollo".
Apuntó que en la normativa se precisa el rol de los municipios, consejos provinciales y juntas de las parroquias, así como de sus autoridades ejecutivas y de las circunscripciones territoriales indígenas, de afrodescendientes y de campesinos de la costa.
