La Asamblea Nacional de Ecuador votará mañana un proyecto de ley de comunicación que contempla la creación de un ente regulador de ciertos contenidos y la redistribución del espacio radioeléctrico.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantiene que el ente regulador es necesario para mejorar la calidad de la información, mientras que sectores de la oposición opinan que atenta contra la libertad de expresión.
Tanto el Partido de Sociedad Patriótica (PSP) como el movimiento Concertación Nacional Democrática (CND) mañana votarán para que se archive la ley.
"El bloque está en contra de una ley mordaza, en contra de que se restrinja la libertad de expresión", afirmó el parlamentario del PSP Galo Lara a Efe.
Esta ley contempla que se cree un Consejo de Regulación que supervisará la emisión de contenidos racistas, discriminatorios, sexuales y violentos, tal como fue aprobado por los ecuatorianos en un referendo en mayo de 2011.
La Constitución, aprobada en las urnas en 2008, obligaba a crear una ley de comunicación en un período de un año, pero no se llegó a un consenso y, finalmente, Correa lo incluyó en un referendo.
"No pueden hacer tabla rasa, no pueden burlarse de dos expresiones claras populares en las urnas", dijo hoy Correa en una rueda de prensa.
Asimismo, resaltó que le "molesta" que se desacate el mandato popular y advirtió a los asambleístas que si archivan la ley "el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar".
Sin embargo, el asambleísta del movimiento CND, César Montúfar, resaltó hoy a Efe que el referendo pide que se haga una ley de comunicación, "pero no cualquier ley".
Según Montúfar es una "ley antidemocrática" porque quiere "entregar al presidente de la república el control de un Consejo de regulación para castigar a los medios de comunicación", pues, a su juicio, está "concebida para constituir un control del Gobierno en lo que los ciudadanos pueden leer en los periódicos, escuchar o ver en las radios o televisiones".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, exigió "a los asambleístas cumplir con el mandato Constitucional de aprobar la Ley de Comunicación, garantizando la libertad de expresión, libertad de opinión e información" y rechazó "la intención de la oposición de archivar" el proyecto legislativo, según un comunicado.
A su modo de ver, esta propuesta de ley "debe orientar para democratizar el Estado", puesto que plantea una redistribución del espacio radioeléctrico en la que los medios privados tendrán el 33 % de las frecuencias, los públicos otro 33 % y los comunitarios un 34 %.
Para Montúfar, el 33 % destinado a los medios públicos servirá para dar voz a las instituciones públicas, mientras que el espacio de los medios comunitarios "va a ir a parar a organizaciones afines al Gobierno. No hay ningún tipo de democratización, sino que hay una concentración y un monopolio de los medios a manos del Gobierno".
Para que se apruebe el proyecto de ley debe de contar con el respaldo de 63 de los 124 legisladores del país.
La asambleísta del movimiento oficialista Alianza País, María Augusta Calle, aseguró en la oficial Radio El Ciudadano que mantienen "conversaciones con otros sectores democráticos" para que apoyen el proyecto que, por ahora, cuenta con el respaldo de los 49 asambleístas del oficialismo y otros cuatro del Partido Socialista.
"Yo no podría decir que estamos absolutamente tranquilos, no puedo afirmar que los votos de la Conaie sean para la ley, digo que tengo esperanzas", resaltó Calle.
Si se aprueba el proyecto de ley, este pasará al Ejecutivo, quien podrá aplicar el veto presidencial.
Por otro lado, el mandatario explicó que si no se aprueba la ley o se archiva, la Constitución permite que "cuando se desacata un mandato popular" la Corte Constitucional "dicta una norma transitoria o temporal".
Una fuente de la Asamblea explicó a Efe que si no se aprueba la ley, entonces la Corte Constitucional da un plazo, normalmente de 90 días, para que el legislativo apruebe el proyecto de ley y si no lo hace en ese tiempo, entonces, la Corte resuelve una norma transitoria.
