La Audiencia Nacional española autorizó la extradición del exministro del Interior de Guatemala Carlos Vielmann a su país para que sea juzgado allí por diez delitos de asesinato por la muerte de diez presos en dos cárceles guatemaltecas, en 2005 y 2006.
La sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal notificó hoy un auto judicial en el que sólo accede a la entrega de Vielmann por esos delitos y no por los de asociación ilícita y diez de ejecución extrajudicial reclamados por Guatemala, ya que éstos no están incluidos en el Tratado de extradición bilateral.
Según señala el tribunal, integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, entre los delitos mencionados en ese tratado sí figura el de asesinato, que a su vez se incluye en los de homicidios calificados que regula el Código Penal guatemalteco, por lo que acuerda su entrega.
Los hechos por los que Guatemala reclama a Vielmann se remontan a su etapa como ministro de Gobernación, donde, junto a otros altos mandos, "conformaron una estructura criminal paralela" que, a su vez, creó un "cuerpo clandestino de seguridad" para ejecutar las acciones o delitos contra aquellas personas que habían acordado "como objetivo a eliminar".
Entre esas acciones, las autoridades guatemaltecas le imputan diez ejecuciones extrajudiciales: siete presos de la Granja Penal de Pavón, el 25 de septiembre de 2006, y tres de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito en noviembre y diciembre de 2005.
En la vista celebrada el pasado 30 de marzo, Vielmann se opuso a ser extraditado a Guatemala, alegando que la Justicia de su país no ofrece garantías y que teme por su vida, y pidió ser juzgado en España, ya que hay un procedimiento abierto por los diez asesinatos.
Sin embargo, el tribunal ha rechazado estos argumentos porque no advierte "motivación espuria" en la reclamación y considera que los hechos no han prescrito.
Además, destaca que el Gobierno guatemalteco ha juzgado a otras personas por estos hechos "sin que ninguna de ellas conste que haya sido sometida a tratos inhumanos, crueles o contrarios a la dignidad personal".
Tampoco da el visto bueno al alegato de que se trata de un delito político porque, a juicio de los magistrados, "la motivación política" de Vielman "no convierte el delito común en delito político".
Tras ser detenido por segunda vez el pasado 16 de diciembre -la primera fue el 13 de octubre del año pasado-, Vielmann fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que tramita la querella de la Fiscalía.
El tribunal recuerda que la decisión definitiva de la extradición corresponde, en último instancia, al Gobierno español.
