La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy dar un mes a Hungría para que modifique sus reformas del sistema judicial y de protección de datos y ha amenazado con llevar al país ante la Justicia europea si no lo hace.
El Ejecutivo comunitario ha dado un nuevo paso en el procedimiento de infracción abierto contra Hungría el pasado mes de enero tras haber analizado las respuestas de su Gobierno a sus requerimientos.
"Hungría ha respondido a algunas de las preocupaciones legales de la Comisión, pero seguimos teniendo serias dudas sobre potenciales violaciones de leyes comunitarias por la jubilación anticipada obligatoria para 274 jueces y fiscales, y la independencia de la autoridad de protección de datos", explicó en un comunicado la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.
Por ello, la CE ha decidido remitir al país centroeuropeo dos dictámenes motivados -el segundo paso de los procedimientos sancionadores- y, dada la urgencia del asunto, reducir a un mes el habitual plazo de dos meses que se concede a los estados miembros para reaccionar.
"La Comisión se ha movido a la segunda fase del proceso de infracción, es esencial que las autoridades húngaras respondan a las dudas legales rápidamente", explicó Reding.
"Me gustaría ver cambios reales en la legislación en cuestión", añadió.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha enviado dos nuevas cartas al Gobierno húngaro para buscar nuevas aclaraciones sobre la independencia del poder judicial y del Banco Central del país.
En este último caso, la CE explicó en su comunicado que la promesa del Gobierno húngaro de modificar la legislación sobre la institución monetaria nacional "responde a algunas de las preocupaciones clave" que se habían planteado.
"Ahora Hungría debe hacer realidad esos compromisos y dar pruebas con nueva legislación. Hungría también debe ofrecer compromisos adicionales y más aclaraciones", explicó el Ejecutivo europeo.
Según una portavoz, la CE quiere ver los textos legales modificados, un calendario sobre su entrada en vigor y "más explicaciones" sobre el asunto de la remuneración del presidente del Banco Central, una de las claves de la polémica.
La Comisión considera que las normas impulsadas por el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán ponen en peligro la independencia de la entidad y ha dejado en suspenso las negociaciones para una importante ayuda financiera al país hasta que se resuelva el asunto.
En los últimos meses, Orbán ha recibido duras críticas desde las instituciones comunitarias por la supuesta deriva autoritaria que vive el país, donde gobierna con una rotunda mayoría absoluta y ha aprobado una nueva Constitución y leyes que modifican algunas cuestiones esenciales (justicia, elecciones, medios de comunicación).
