La CICIG recomienda disolver la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala


El presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista español Carlos Castresana, recomendó hoy la disolución de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público.


Según Castresana, la petición para que se disuelva esa unidad es porque el ex fiscal Álvaro Matus, quien es investigado por la CICIG por entorpecer el esclarecimiento de un asesinato, allanó las oficinas de la institución estatal en ausencia de su titular, Gustavo Acevedo, y al parecer con la anuencia de otros miembros.


El allanamiento que hizo Matus, dijo el jurista, sin precisar la fecha, "ha viciado la investigación en su contra".

 

Castresana declaró a la radio Emisoras Unidas que pidió al fiscal general de Guatemala, Amílcar Velásquez, que se haga "lo que procede" contra los jefes fiscales, fiscales y auxiliares de esa unidad debido a su conducta.


El jurista aseguró que con su conducta los operadores de justicia "han contaminado las pesquisas contra Matus", quien es investigado por entorpecer las averiguaciones del asesinato, el 7 de abril de 2008, del venezolano Víctor Rivera, quien fue asesor en materia de secuestros del Ministerio del Interior guatemalteco.


El titular de la CICIG sostuvo que Matus allanó la oficina del fiscal del caso, Gustavo Acevedo, cuando éste se ausentó por dos horas, y lo hizo con el encubrimiento de otros miembros de la unidad, cuyo número e identidad tampoco precisó.

 

"En todos los casos debemos actuar con seriedad, porque soy depositario de Naciones Unidas; no se puede destruir una investigación por intereses personales", reclamó.


Velásquez anunció hoy que ordenó una investigación para determinar si los jefes fiscales, fiscales y auxiliares de esa dependencia actuaron como lo señala la CICIG para tomar medidas.


Matus se encuentra libre bajo fianza desde el pasado 3 de febrero, cuando, a petición de la CICIG, fue sentado en el banquillo de los acusados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la investigación para esclarecer el crimen de Rivera.

 


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101 años de Panamá América

 
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