El relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar, advirtió hoy las "serias deficiencias estructurales" en las cárceles de El Salvador donde, aseguró, hay un hacinamiento de más del 300 por ciento.
"Hemos observado que el sistema penitenciario salvadoreño sufre serias deficiencias estructurales", declaró Escobar en una conferencia de prensa.
Estas deficiencias "son fundamentalmente el resultado de la falta de políticas públicas y proyectos orientados a lograr que el sistema penitenciario cumpla realmente con sus fines constitucionales", explicó el relator de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al dar a conocer un informe preliminar sobre la visita que inició el pasado 5 de octubre, alertó que, según cifras oficiales, en el país existe "un hacinamiento de más de 300% en las cárceles para adultos", mientras que un 45% de los internos en centros para menores ha sobrepasado los 18 años.
Cifras oficiales indican que el sistema carcelario alberga 23.840 reos en 23 centros diseñados para una población de 8.110 internos.
Señaló, sin embargo, que el hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, la obsolescencia de la infraestructura física, la mala situación de mantenimiento de las instalaciones físicas, los problemas de salud, de alimentación y falta de educación son "comunes a América Latina".
Escobar expresó su preocupación por las recientes medidas implementadas por el Gobierno del presidente Mauricio Funes, como los registros efectuados por el Ejército a los visitantes de los penales, y la prohibición a la entrada de menores, lo que, consideró, "afecta el derecho fundamental a la familia".
"El Ejército somete a los familiares que acuden a visitar a los internos a determinadas formas de trato degradante", añadió el delegado internacional al referirse a denuncias de detenidos y organizaciones de la sociedad civil, y citó, como ejemplo, "registros vaginales y anales intrusivos a las mujeres".
Ese tipo de tactos "están prohibidos por la legislación internacional", agregó Escobar, al detallar que 50 detenidos en el penal de Quezaltepeque denunciaron que esta práctica se hace "indiscriminadamente" en ese lugar.
Durante su estadía, el relator, que visitó igualmente la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y el centro Senderos de Libertad para menores, recomendó emplear "tecnología" para efectuar los registros o perros entrenados para detectar estupefacientes.
También advirtió la "grave situación" que se registra en el cumplimiento de las necesidades básicas, especialmente de alimentación, que, explicó, "tiene graves deficiencias".
"Es una alimentación de muy mala calidad que la sirven en una forma degradante. Cada uno tiene que tener, como ellos dicen, un 'trasto'; entonces se las entregan ahí revuelta y ellos tienen que comer con las manos, se las sirven realmente como animales", describió el relator, y estimó que servirles en una forma digna "no implica una mayor erogación para el Estado".
Escobar anunció que la próxima semana se emitirá un informe oficial sobre esta visita.
