La población colombiana de ascendencia africana está marcada por "una historia de invisibilidad, exclusión y desventajas sociales y económicas", afirmó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización divulgó hoy las observaciones hechas sobre la situación de la población negra en Colombia por el Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Clare K. Roberts.
"La población afrocolombiana constituye el segmento mayoritario de las clases más pobres del país, muestra los indicadores socioeconómicos más bajos, y padece una tasa de mortalidad infantil que duplica la registrada a nivel nacional", según el documento.
Los negros en Colombia tienen "menor acceso a servicios básicos como educación y salud, así como menor acceso a empleos redituables y menor participación en la vida pública".
Los negros, mulatos y zambos componen alrededor del ocho por ciento de los 45 millones de habitantes de Colombia, y viven principalmente en las regiones costeras.
El informe de Roberts señala que las regiones del país mayoritariamente habitadas por afrodescendientes "se han visto particularmente afectadas por la crisis humanitaria derivada del conflicto armado interno".
La Comisión observó "con especial preocupación" la falta de esclarecimiento judicial de la mayoría de los hechos de violencia que han afectado a las comunidades afrodescendientes y causado su desplazamiento.
"Las disparidades entre las condiciones sociales y económicas de los afrodescendientes y el resto de la población en Colombia están estrechamente vinculadas a la exclusión social padecida históricamente por este segmento de la población", indica el documento.
La CIDH elogió las "las diversas iniciativas y medidas legislativas y administrativas tomadas por el Estado colombiano a fin de lograr el respeto de los derechos humanos de la población afrocolombiana".
Entre estas iniciativas y medidas se cuentan el reconocimiento constitucional de los derechos de los afrodescendientes en la Constitución de 1991 y la legislación adoptada por el Estado para implementar esos derechos.
