La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó hoy testimonios como el de un estadounidense que vive con el temor de que su esposa y madre de sus 4 hijos, hondureña e indocumentada, sea deportada, en una audiencia sobre denuncias contra la política migratoria de EE.UU.
Entre los denunciantes figuran la Universidad de Pensilvania, así como organizaciones como Women's Refugee Commission, Inmigration Clinic, Rights Group y el National Inmigration Forum.
Robert Cote, veterano de guerra, relató ante la CIDH el sufrimiento de su familia a raíz de la detención ilegal de su esposa Rita en 2009 en Florida, un hecho que -dijo- cambió para siempre sus vidas.
El "error" de su esposa fue denunciar ante la Policía que su hermana había sido agredida por el novio y ofrecerse para traducir el testimonio de ella, dijo Cote.
Pese a que la hermana tenía contusiones en el cuello, los agentes soltaron al novio y se centraron en el estatus migratorio de Rita, la cual fue detenida con el argumento de que había una orden de deportación contra ella emitida por un juez de Texas cuando llegó al país, hace nueve años, explicó.
Cote aseguró que los agentes no dejaron a Rita que le llamara, la esposaron y la llevaron a la cárcel, donde estuvo más de seis días sin cargos y sin ver a su abogado más que una sola vez.
Él, entre tanto, averiguó con sus abogados que no existía la orden, aunque dos días después apareció una, aseguró.
Los abogados presentaron un recurso de amparo y cuando el condado se dio cuenta se la llevaron a un centro de detención en las afueras de Miami, donde pasó 14 días, tras lo cual fue liberada bajo un programa de supervisión con un identificador de tobillo.
Toda la familia "sigue viviendo bajo un temor continuo" de que en cualquier momento llegue el servicio de inmigración y se la lleve, dijo Cote.
En la sesión también brindó su testimonio J. Walter Tejada miembro de la Junta de Gobierno del condado de Arlington (Virginia), y de origen salvadoreño, quien opinó que programas como el 287g, que permite a la policía local colaborar con los agentes federales en materia de inmigración, y el de Comunidades Seguras, intimidan a la comunidad migrante y tiene un impacto negativo en ellas.
"Estamos a favor de la detención de delincuentes pero la tercera parte de los detenidos no tenía antecedentes penales y se les acusaba de delitos menores", sostuvo Tejada.
John Moore, del Transnational Legal Clinic de la Universidad de Pensilvania, reconoció "recientes mejoras sobre el papel" de la política migratoria de Estados Unidos, pero dijo que las "violaciones de los derechos persisten", hay detenciones en números "récord", accesos mínimos a los abogados, separaciones de padres y el perfil racial del programa 287g persiste, denunció.
Los representantes del Gobierno estadounidense alegaron sin embargo que se han acometido reformas para mejorar las condiciones de detención y la protección de las mujeres y los niños, así como la supervisión en las cárceles.
Garry Mead, del servicio de inmigración, dijo que casi la mitad de los deportados son delincuentes y que se espera que este año por primera vez superen a los no criminales, y aseguró que el 287g es "ciego" al perfil racial.
