La CIDH expresó hoy su preocupación por el impacto que puedan tener en el resto del continente americano las violaciones a los derechos humanos en Honduras, por lo que pidió una "acción decidida" por parte de la comunidad internacional.
Por ello la CIDH, al término de su 137 periodo de sesiones, donde hizo un balance de las 52 audiencias que celebró, emitió un comunicado en el que consideró "indispensable que se restituya al depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, y se restablezca el orden constitucional como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos" en ese país centroamericano.
Pidió, además, al Gobierno de facto de Honduras que garantice los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Honduras, Felipe González, afirmó que ya de por sí la situación en Honduras es "sumamente grave" por las violaciones a los derechos humanos que se producen en el contexto del golpe de Estado que derrocó el pasado 28 de junio a Manuel Zelaya.
Pero, añadió, a la CIDH le preocupa "el impacto que pueda tener en el resto del continente, no solamente en Centroamérica, si no hay una acción decidida de parte de los organismos internacionales de derechos humanos al respecto".
Por eso, el organismo considera "muy importante, tanto para la situación del pueblo hondureño como para la vigencia de la democracia en el resto del continente, que se haga un seguimiento estrecho de la situación de los derechos humanos en Honduras", dijo.
En rueda de prensa, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, coincidió con este comisionado a la hora de resaltar que el golpe de Estado en Honduras no significa solamente "la violación estructural de los derechos humanos del pueblo hondureño, sino que su impacto se va a reflejar directamente en el resto de la salud democrática de toda la región".
En este sentido aseguró que "la respuesta de la comunidad internacional y el vigor con el que esta respuesta sea aplicada va a tener un impacto en todos los países de la región".
La CIDH, que mantuvo además durante su 137 periodo de sesiones 28 reuniones de trabajo, también se refirió a otras audiencias y otros casos que trató en las últimas dos semanas.
En cuanto a la situación general de los derechos humanos en el continente americano, la CIDH indicó que la desigualdad y la discriminación "son graves problemas estructurales".
Por su parte, la CIDH sigue preocupada por la frecuencia de los conflictos sociales y hechos de violencia asociados con disputas sobre las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas.
Sobre casos concretos, la CIDH valoró de nuevo que el Gobierno de El Salvador haya reconocido finalmente su responsabilidad en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero.
Durante el periodo de sesiones hubo además tres acuerdos de solución amistosa; uno por parte del Gobiernos de Paraguay, que reconoció su responsabilidad en la desaparición forzosa de dos niños soldados, y dos por parte de Argentina, sobre deportaciones y leyes migratorias, y jubilados y pensionistas.
Entre las audiencias que se celebraron destacaron las de Venezuela y de Colombia, aunque no tanto por las denuncias o defensas de la situación de los derechos humanos en estos países, sino por la actitud de sus respectivos gobiernos.
Venezuela acusó a la CIDH de prestarse a los intereses de determinados sectores para desestabilizar y desacreditar al Gobierno y pidió la sustitución del secretario ejecutivo, Santiago Canton.
El relator para Colombia de la CIDH, Victor Abramovich, reiteró hoy que la decisión sobre la designación o sustitución del secretario ejecutivo depende exclusivamente de este organismo.
Por su parte, el Gobierno de Colombia abandonó una audiencia en la que se denunció una "gigantesca e ilegal" operación de inteligencia contra las ONG y defensores de derechos humanos que, según sus denuncias, comprometía a todas las agencias del Estado y no sólo al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, abandonó la sala con el argumento de que el Gobierno no había sido informado adecuadamente sobre la audiencia por parte de la CIDH, aunque el organismo demostró después que Bogotá sí había recibido toda la documentación necesaria, algo que reiteró hoy Abramovich.
La CIDH pidió hoy de nuevo a Colombia que emprenda acciones concretas para evitar que se repita el "sumamente grave" escándalo de espionaje del DAS.
