La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por los desalojos forzados y la violencia sexual contra mujeres y niñas desatada en los campamentos de desplazados por el terremoto del pasado enero en Haití.
Según información recibida por la CIDH, el número de violaciones sexuales en los campamentos ha aumentado y se han reportado violaciones de niñas de hasta cinco años de edad.
Las organizaciones que trabajan en el terreno han observado que la mayoría de las violaciones se producen por la noche, por dos o más agresores, en general armados.
Las víctimas además no cuentan con los servicios médicos adecuados ni tienen recursos judiciales accesibles y eficaces, lo cual crea una situación de impunidad que las hace todavía más vulnerables.
Para proteger a las víctimas, la Comisión pidió al Gobierno haitiano que garantice la presencia de fuerzas de seguridad alrededor y en el interior de los campamentos, en particular fuerzas de seguridad femeninas, especialmente cerca de los baños.
Asimismo, recomendó que se mejore la iluminación en los campamentos y se tomen medidas para que las víctimas puedan denunciar y facilitar las investigaciones judiciales, así como proveer asistencia gratuita de médicos especializados con experiencia en tratar víctimas de violencia sexual.
La CIDH recibió además información sobre desalojos forzados en cinco campamentos creados por familias que instalaron tiendas en campos abiertos, de propiedad pública o privada, tras la destrucción de sus hogares por el terremoto.
En algunos casos estos desalojos fueron realizados por terratenientes, y en otros, por miembros de las fuerzas públicas para establecer campamentos formales.
Los afectados han denunciado que la Policía Nacional llegó al Campamento Toussaint L'ouverture en horas de la noche y sin previo aviso empezaron a destruir los alojamientos utilizando tractores.
Los habitantes instalaron sus viviendas provisionales al lado del campamento original, pero fueron destruidas unas semanas después.
La situación afecta a 500 personas que viven en condiciones "absolutamente precarias", sin agua, ni aseos, ni derecho a los alimentos distribuidos en los campamentos oficiales.
La CIDH ha concedido medidas cautelares para proteger a los habitantes de estos campamentos y evitar desalojos forzosos, al tiempo que recomendó al Gobierno haitiano una moratoria sobre las expulsiones hasta que asuma el nuevo gobierno.
Asimismo ha pedido a las autoridades que ofrezcan a las personas que han sido expulsadas ilegalmente de los campos, un traslado a lugares con condiciones mínimas de salubridad y seguridad y tomar medidas efectivas de seguridad para salvaguardar la integridad física de los habitantes de los campamentos.
La CIDH reconoce los esfuerzos del Gobierno de Haití para asistir al millón y medio de personas desplazadas internos por el terremoto pero destaca la importancia de respetar de derechos humanos en cualquier circunstancia, sobre todo los de los más vulnerables.
