La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó hoy que el caso de falsas víctimas en una masacre cometida en Mapiripán (Colombia) en 1997, por la que el Estado colombiano fue condenado, afecte a la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos.
"De ninguna manera puede afectar a la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos", dijo el secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en una rueda de prensa al término del 143 periodo de sesiones del organismo.
Cantón indicó que la CIDH dio crédito a las declaraciones que el propio Gobierno colombiano reconoció durante el proceso.
La Fiscalía de Colombia anunció la semana pasada la apertura de una investigación para establecer responsabilidades en un caso de "falsas víctimas" de una matanza de paramilitares cometida en 1997, y admitió que el número de fallecidos fue menor del declarado.
En los últimos días, una testigo del caso, Mariela Contreras, se retractó de la declaración que hizo en 2002 ante los tribunales colombianos y más tarde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Contreras dijo que su esposo no fue asesinado y que uno de sus hijos, que se dio por muerto, apareció en 2008.
"No es la primera vez que ocurren (estos hechos) ni será la ultima", se lamentó Cantón, que considera necesario que se tomen medidas internas para que "no vuelvan a suceder".
La CIDH, dijo, "actúa como un órgano subsidiario, que recibe información y que en todo momento en este caso actuó con la información material que existía, tanto por parte de la Comisión como por parte de la Corte".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San José (Costa Rica), condenó en 2005 al Estado colombiano y ordenó indemnizar a las familias de 40 víctimas.
El caso fue denunciado en 1999 por varias ONGs ante la CIDH, organismo autónomo de la OEA que se encarga de velar por los derechos humanos en el continente, con sede en Washington, que emitió una serie de recomendaciones a Colombia y al constatar que el gobierno no las cumplía, elevó el caso en 2005 a la CorteIDH.
En un comunicado emitido esta semana la CIDH indicó que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las víctimas de la Masacre de Mapiripán mediante un escrito del 4 de marzo de 2005.
La CIDH indica que "durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó" y señala que los "presuntos fraudes" que puedan existir "deben ser debidamente investigados" por el Estado colombiano.
La CorteIDH ha convocado a los representantes del Estado colombiano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las víctimas y sus familiares a una audiencia privada el próximo 23 de noviembre.
Casi 50 personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, en los Llanos Orientales colombianos por parte de paramilitares con la presunta complicidad del Ejército.
