A menos de cuatro días de la ejecución de Jeffrey Timothy Landrigan en Arizona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy al Gobierno de Estados Unidos a suspenderla por haber violado sus derechos en el proceso judicial.
El presidente de turno de la CIDH, Felipe González, compareció en una rueda de prensa para hacer este llamamiento e instar al Gobierno a revisar el caso.
Landrigan está en el corredor de la muerte en Arizona (EE.UU.) condenado por el asesinato de Chester Dean Dyer ocurrido en 1989 y por el que fue sentenciado a la pena capital el 25 de octubre de 1990.
Según las conclusiones del informe de fondo, el proceso judicial incumplió las obligaciones a las que está sujeto EE.UU. por haber firmado la Declaración Americana, incluidas las del derecho a la justicia y al debido proceso, y el derecho a la igualdad ante la ley.
En concreto, el organismo argumenta que Landrigan fue condenado por un juez de primera estancia, un proceso declarado "inconstitucional" por el Tribunal Supremo en 2002 en el caso "Timothy Stuart Ring contra Arizona".
La máxima instancia judicial de EE.UU. dictó entonces que las ejecuciones debían ser decididas por un jurado y ordenó reabrir el caso para que el condenado fuera juzgado mediante ese proceso.
Sin embargo, otra sentencia posterior del Supremo dictó que no se aplicaría esta decisión de manera retroactiva a los casos que ya estuvieran en una etapa de revisión final antes de la decisión sobre Ring, como es la situación de Landrigan.
No obstante, la CIDH considera "discriminatorio" que los tribunales hayan negado al condenado en Arizona un recurso para hacer valer su "legítimo derecho" a la revisión de sus condenas a muerte.
Además, González recalcó que un "alto porcentaje" de casos revisados en virtud a la sentencia del Supremo de 2002 resultó en la anulación de la pena de muerte.
Por eso, concluyó que es una "pena inusitada" y "una vulneración del derecho a ser juzgado por un tribunal competente".
Además, insistió en que "para los estados que son parte de la OEA (como EE.UU.), existe el deber de acatar las recomendaciones de la CIDH en sus informes de casos y las medidas cautelares que la Comisión adopta".
Se trata de la segunda vez que la CIDH emite un informe de fondo antes de una ejecución en EE.UU., un país que está integrado en el sistema interamericano de derechos humanos y ha firmado la Declaración Americana.
La CIDH comunicó al Departamento de Estado y a la gobernadora de ese estado del sudoeste de EE.UU., Jan Brewer, su informe de fondo sobre el caso.
El Departamento de Estado respondió a la CIDH que había informado al gobierno de Arizona también sobre este pronunciamiento, dijo González.
"Esperamos una reacción de parte de EE.UU. Recibimos una comunicación de que el Gobierno federal había notificado a la gobernadora de Arizona respeto a las medidas cautelares y había reiterado esto (el informe) durante el mes de octubre", señaló González.
El comisionado consideró que esa respuesta "demuestra algún grado de reacción" por parte del Gobierno de Barack Obama y mencionó otros gestos como su visita sin condiciones a centros de detención de inmigrantes en el sur de EE.UU..
Este informe es una "obligación adicional" aparte de las medidas cautelares emitidas por la CIDH y sólo se había procedido a emitir otro en 2008 para la ejecución de José Ernesto Medellín.
En aquella ocasión, el Gobierno de EE.UU. no acató la recomendación de la CIDH y Medellín fue ejecutado el 5 de agosto de 2008 en el estado sureño de Texas.
Hasta el momento, la CIDH ha impuesto medidas cautelares a 18 condenados a pena de muerte en EE.UU. y en ningún caso el Gobierno ha suspendido el proceso.
Aunque el país norteamericano es parte de la OEA, nunca ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el principal instrumento jurídico de la CIDH y por el que se rigen 25 países.
