La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) opina que el proyecto de ley de reparación a las víctimas del conflicto colombiano podría resultar discriminatorio para los damnificados por delitos perpetrados por agentes del Estado, según un informe presentado hoy en Estados Unidos.
En su resumen de la visita que realizó entre el 17 y el 21 de noviembre a Colombia, el relator de la CIDH para este país, Víctor Abramovich, señaló que el proyecto de ley supone un agravio para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado, al obligarlas a agotar primero la vía judicial y establecer un tope de indemnización.
Durante su estancia en Colombia, el comisionado resaltó los desafíos que enfrenta el Gobierno al investigar a los agentes de las fuerzas públicas implicados en ejecuciones extrajudiciales y en la prevención de estas conductas.
Abramovich estudió los testimonios rendidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz y la puesta en marcha del programa administrativo de reparaciones.
El relator observó y valoró el debate en Colombia sobre políticas públicas de reparación a favor de las víctimas del conflicto armado, pero no ocultó sus preocupaciones.
En concreto, el comisionado manifestó a las autoridades su inquietud acerca de la diferencia de trato entre las víctimas de conductas ilegales perpetradas por grupos al margen de la ley y de aquéllas efectuadas por agentes del Estado, pues esta diferencia "podría resultar discriminatoria", afirmó Abramovich.
Además, el tope establecido para la indemnización "afecta el principio de reparación integral, lo que constituye un retroceso respecto de los derechos que actualmente pueden ejercer esas víctimas", explicó el relator en su informe.
En una reunión con el ministro colombiano del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, éste le manifestó la intención del Gobierno de enmendar en el Congreso el proyecto de ley para eliminar los topes de indemnización y para implantar de procesos judiciales abreviados para este tipo de casos.
En su informe, Abramovich también se refirió a su visita a las comunidades afrocolombianas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el Departamento del Chocó.
Los miembros de estas comunidades están protegidos por medidas provisionales dictadas en 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó este año a la CIDH un informe sobre su cumplimiento.
La delegación del organismo recibió información y testimonios sobre actos de violencia e intimidación perpetrados por parte de grupos ilegales que operan en la zona y constató la persistencia de los factores de riesgo que motivaron la intervención de la Corte.
En Colombia, Abramovich mantuvo reuniones con autoridades nacionales y locales, y habló con estudiantes, representantes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y el creciente número de amenazas del grupo paramilitar "Águilas Negras" y otros grupos ilegales.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó además al relator de muertes y desplazamientos forzados que han afectado a los pueblos aborígenes, así como de la precaria situación alimentaria y de salud que afecta a su derecho a la supervivencia.
